Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, subió a estrado a las 9:06 de la noche para iniciar la lectura de la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los imputados del denominado caso Cobra, investigación que señala un presunto desfalco superior a los 15 mil millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
De acuerdo con las autoridades, los imputados, entre ellos el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, habrían integrado una estructura que desvió fondos públicos destinados a garantizar la cobertura de servicios de salud, afectando directamente a miles de afiliados del régimen subsidiado.
Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de ciudadanos permanecían apostados en los alrededores del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde se registraron manifestaciones en rechazo a los imputados y en reclamo de justicia.
Los protestantes, muchos de ellos portando banderas dominicanas, coreaban consignas como “justicia” y el lema “el pueblo es SENASA”, en referencia al impacto que, aseguran, este caso ha tenido sobre los sectores más vulnerables del país.
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Los manifestantes aseguraron que no se retirarán del lugar hasta que se impongan sanciones ejemplares, al considerar que el dinero presuntamente desviado pertenece al pueblo dominicano. Reiteraron que los pobres han sido los más perjudicados, ya que dependen del SENASA para acceder a servicios médicos básicos.
La protesta se mantuvo de manera pacífica y estuvo acompañada por música, canto del Himno Nacional, consignas y la predicación de la palabra de Dios.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SENASA; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud, y Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de la empresa MyCare.
Asimismo, figuran como imputados los proveedores Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, tambien a estos le piden prisión prevntiva de 18 meses, todos estan vinculados en el caso Cobra.
Mientras tanto, el órgano acusador solicitó variar la prisión preventiva por otras medidas, como el pago de una garantía económica de un millón de pesos, arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, a favor de Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda y Cinty Acosta Asención debido a que ambos colaboran con el Ministerio Público.
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