Con el propósito de otorgar la mayoría de los beneficios económicos a los residentes de la zona fronteriza, la Cámara de Diputados afina la aprobación de un proyecto de ley que prohibiría a los comerciantes de otras demarcaciones vender o instalar negocios en la frontera.
El proyecto de ley, propuesto por el diputado Rafael Pérez Gómez, plantea que solo los comerciantes que residan en las provincias fronterizas puedan operar en los mercados dominico-haitianos, con el objetivo de evitar la migración irregular de vendedores y garantizar que los beneficios del comercio lleguen a los residentes locales.
La iniciativa modifica varios artículos de la Ley 216-11, que regula los mercados en la frontera dominico-haitiana. De acuerdo con el proyecto, tanto personas físicas como jurídicas deberán demostrar residencia en la provincia donde deseen operar antes de obtener una licencia.
Los permisos serán otorgados únicamente por las alcaldías locales y la Dirección General de Migración (DGM), con una duración anual renovable, y se prohíbe la instalación de comerciantes provenientes de otras provincias sin la autorización correspondiente.
Permisos especiales
Los comerciantes que no residan en la provincia fronteriza podrán acceder a un mercado fronterizo solo mediante un permiso especial emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el cual estará sujeto a cupos y regulaciones específicas.
Para garantizar la transparencia y el control, el proyecto dispone que los ayuntamientos deberán mantener un registro detallado de los comerciantes autorizados, incluyendo sus datos personales, dirección, tipo de actividad comercial y cualquier información necesaria para el buen funcionamiento del mercado.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según establece la pieza, será responsable de implementar un sistema de verificación electrónica que permita identificar a los comerciantes autorizados, aplicar sanciones a quienes operen sin permiso y establecer un régimen fiscal especial para los mercados fronterizos.
Además, las alcaldías realizarán inspecciones periódicas, apoyadas por la Policía Municipal, el Ministerio de Defensa, la DGM y la DGII, para supervisar el cumplimiento de la normativa.
El proyecto también establece sanciones y dispone que quienes operen sin licencia podrían enfrentar multas de hasta tres salarios mínimos del sector público y la prohibición de operar en los mercados fronterizos por dos años.
En ese sentido, las alcaldías que permitan la instalación de comerciantes sin permiso u otorguen licencias irregulares también podrían ser sancionadas según la Ley de Función Pública.
Los comerciantes que ya operan en los mercados fronterizos sin ser de la frontera tendrán un plazo de 90 días para adaptarse a las disposiciones de la nueva ley.
Frenado antes de aprobarse
El proyecto ya fue estudiado totalmente en la comisión permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados y estuvo a punto de ser aprobado en primera lectura, pero fue frenado en el mismo hemiciclo por algunos congresistas que consideraron que necesitaba más tiempo de análisis.