Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
«No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional».
Quien así habló no fue un líder de izquierda, sino Kamala Harris, exvicepresidenta y excandidata presidencial de Estados Unidos.
Harris rechazó el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió que tal acción era “ilegal e imprudente”. No ha sido la única figura pública estadounidense en hacerlo. Varios legisladores, tanto demócratas como republicanos, han señalado que la operación carece de legalidad porque no fue autorizada por el Congreso.
Asimismo, numerosos países han criticado la incursión ejecutada por tropas norteamericanas en la madrugada del sábado, que culminó con el secuestro de Maduro, su esposa Cilia Flores, y –según fuentes- la muerte de al menos 80 personas, entre civiles y militares, incluidos 32 ciudadanos cubanos que formaban parte del anillo de seguridad del mandatario venezolano.
Aún es prematuro evaluar las consecuencias profundas de esta agresión de Estados Unidos contra Venezuela, más allá de la captura de Maduro, que sin duda representa un duro golpe para ese proyecto revolucionario. Sin embargo, desde ya puede advertirse que las cosas no le han salido del todo bien a Trump, pues el poder en Venezuela sigue en manos del chavismo.
Hasta ahora no se ha producido el anunciado quiebre del bloque cívico-militar-popular que sostiene al gobierno de izquierda en Caracas. Por el contrario, los chavistas han demostrado conservar más apoyo del que exhibe la oposición. En ese contexto, Corina Machado fue ninguneada por Donald Trump, quien afirmó que no contaba con el respaldo suficiente para hacerse cargo del gobierno.
Mientras Maduro se declara inocente ante una corte en Nueva York, donde afirmó ser un prisionero de guerra, en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume como presidenta en funciones con el respaldo del Partido Socialista Unificado de Venezuela y de las Fuerzas Armadas, dando lugar a lo que aparenta ser una transición poco accidentada.
Es con ella, y no con la oposición, con quien deberá negociar Donald Trump, quien ha insinuado de manera maliciosa que ha mantenido conversaciones en la sombra, intentando aplicar la conocida divisa maquiavélica de “divide y vencerás”.
Estados Unidos busca hacer colapsar a Venezuela para apropiarse de su petróleo. Por lo visto, no le será tan fácil. No podrá ocupar el país y tendrá que negociar. Eventualmente deberá liberar a Maduro: si lo hace, lo fortalece; y si no, lo convierte en mártir y en una bandera.
La agresión contra Venezuela es también una muestra del declive de un imperio que se resiste a perder el control y continúa tratando a países más débiles como su patio trasero. A diferencia de China, que ha invertido billones de dólares en Venezuela, Estados Unidos pretende imponerse por la fuerza. Mientras Washington amenaza y golpea, Pekín invierte y negocia, ganando espacio a nivel global, incluso en la periferia estadounidense.
Las amenazas y bombardeos contra un país con el cual no se está formalmente en guerra no constituyen una demostración de fortaleza. Si un padre necesita gritar y blandir la correa para imponer autoridad, eso demuestra que ya no es tan fuerte como cuando una sola mirada bastaba.
Venezuela es una prueba. Si esta operación resulta exitosa, podrían seguir otros países como Colombia, Cuba, México, Nicaragua o Groenlandia.
Finalmente, con su incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos viola múltiples principios, tratados y normas del derecho internacional, entre ellos la Carta de la ONU, el principio de soberanía y no intervención, la inmunidad de los jefes de Estado, los tratados de derechos humanos, normas del derecho penal internacional y diversos compromisos regionales.
La publicación Agresión a Venezuela: imprudente e ilegal apareció primero en El Día.