El Ministerio de Medio Ambiente informó que la mina de agregados donde se registró el derrumbe que cobró una vida hace varios días, en el municipio de Nigua, San Cristóbal, había sido cerrada de manera definitiva y sancionada en septiembre del año pasado por incumplimiento de su permiso ambiental.
La información fue ofrecida en el marco de una intervención realizada ayer martes por el Ministerio, junto a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en la mina de agregados Aremax, la cual operaba de manera ilegal.
Durante el operativo, el viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, explicó que la empresa había sido cerrada y sancionada por exceder el área autorizada para la explotación y por incumplir los criterios técnicos establecidos en su permiso ambiental.
“Además del cierre definitivo, los propietarios de la empresa fueron sancionados administrativamente, luego de comprobarse que violaron los límites del polígono autorizado y que no realizaban una explotación sostenible de los agregados, tal como lo establecía la autorización ambiental concedida”, precisó el viceministro Aracena.
El funcionario también indicó que, al tratarse de una empresa reincidente en la violación de la Ley de Medio Ambiente, corresponde ahora a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales proceder con el sometimiento judicial, mientras que el Senpa deberá mantener la vigilancia permanente en la zona para impedir que la mina vuelva a operar de forma ilegal.
Asimismo, los propietarios de la grancera estarán obligados a remediar el daño ambiental ocasionado en el área intervenida.
Recordó que la normativa vigente establece que toda autorización para la explotación de minas no metálicas obliga al concesionario a realizar una extracción responsable y, una vez concluida esta, ejecutar un proceso de remediación ambiental que incluye la restitución de la capa vegetal y la reforestación total del área impactada.
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Evidencias para sometimientos
El magistrado Francisco Contreras, fiscal actuante en representación de la Procuraduría, informó que acudieron al lugar para levantar evidencias que permitan someter a la justicia a los propietarios de la empresa, y señaló que la situación se ha agravado por la muerte de un empleado mientras realizaba labores de extracción, pese a que la mina se encontraba clausurada.
En el operativo también estuvieron presentes el director del Senpa, general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, y el ambientalista Luis Carvajal, quien manifestó que la comisión ambiental que representa respalda firmemente este tipo de acciones en defensa de los recursos naturales y en la persecución de los delitos ambientales.
“Es evidente que esta empresa operaba al margen de los criterios técnicos establecidos por la ley ambiental para la explotación de minas no metálicas, con el agravante de hacerlo sin permiso”, sostuvo el ambientalista.
“Nuestro rol en este caso es presentar un informe técnico a la Mesa Interinstitucional que sirva de base para las decisiones que se adoptarán; aunque desde ya apoyamos cualquier medida que sancione a los responsables de este delito ambiental”, enfatizó Carvajal.
La Mesa Interinstitucional fue creada con el objetivo de respaldar iniciativas en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, así como de acompañar a las autoridades en la persecución de los delitos ambientales.
La muerte de Eloy Peña
Eloy Peña, quien se desempeñaba como operador de una retroexcavadora en la mina, falleció el pasado 22 de enero tras un derrumbe ocurrido en la zona. Tras su muerte, volvieron a surgir las denuncias sobre la falta de controles y permisos en operaciones mineras del área.
Ángel Brea, exdirector provincial del Ministerio de Medio Ambiente, explicó a Diario Libre que en la mina conocida como «antigua mina Milito«, se han repetido incidentes similares en distintas explotaciones del área.