El incremento de 200 pesos en el costo del certificado de No antecedentes penales, dispuesto por la Procuraduría General de la República, ha generado críticas en las redes sociales, principalmente porque no emitieron un aviso previo a la ciudadanía.
Con esta medida, el precio del certificado pasó de 600 a 800 pesos, lo que representa un aumento del 33 % para la obtención del documento, también conocido como “papel de buena conducta”, requerido con frecuencia para fines laborales, migratorios y otros trámites.
Durante el período enero-diciembre del 2025, un total de 742,989 ciudadanos solicitaron el papel que tenía un valor de 600 pesos, lo que generó ingresos superiores a 445.7 millones de pesos, por encima a los 431.7 millones de pesos recaudados en igual período de 2024, según las estadísticas internas.
El segundo servicio que más ingresos le aportó a la entidad fue la legalización de documentos notariales, con más de 146.5 millones de pesos recaudados en 2025.
En total, la Procuraduría está facultada para ofrecer más de 10 servicios a la ciudadanía, los cuales generaron ingresos superiores a 866.5 millones de pesos el año pasado.
Gremios también se lucran
De esos recursos, la Procuraduría transfirió 50 pesos por cada servicio al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y 100 pesos por cada acto notarial al Colegio Dominicano de Notarios, conforme a lo establecido en las leyes 3-19 y 140-15, respectivamente.
Solo en el trimestre octubre-diciembre de 2025, la Procuraduría depositó 20 millones de pesos al CARD y 15.2 millones de pesos al Colegio de Notarios. En todo 2024, ambos gremios recibieron 58.5 millones y 55.7 millones de pesos, respectivamente.
De igual manera, la institución también paga una comisión del 5 % al Banco de Reservas, entidad a través de la cual se procesan los pagos del servicio. En 2025, fueron transferidos 13 millones de pesos al banco por concepto de emisión del certificado de buena conducta.
¿Compensar un recorte presupuestario?
Para 2026, la entidad encargada de combatir la criminalidad sufrió un recorte en su presupuesto anual, al bajar de 11,000 millones a 9,300 millones de pesos.
Esta reducción obedece a que parte de sus dependencias ahora serán administradas por el recién creado Ministerio de Justicia, al cual se le asignó una partida anual de 4,175 millones de pesos.