El Gobierno de Bolivia condenó este domingo el ataque sufrido por un periodista en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país, y aseguró que el suceso, que fue denunciado por los principales gremios de la prensa, no quedará impune.

En un comunicado de prensa, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, manifestó «su profunda preocupación y enérgica condena» por el «grave atentado contra la vida de un periodista» en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

«Este hecho se constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático», señaló el Ministerio de Gobierno.

La institución expresó su «compromiso de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico» y consideró que cualquier acto que busque «intimidar o silenciar a los periodistas resulta inaceptable».

Además informó que se ha instruido «a las instancias competentes coadyuvar con las investigaciones de este caso hasta lograr identificar a los responsables».

«No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad«, indicó el ministerio y expresó, además, solidaridad con el periodista atacado, su familia y con las agrupaciones de la prensa boliviana.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) denunciaron este domingo en un comunicado el ataque sufrido el jueves en la madrugada por el periodista F. Jesús Z.S.

Tras hacer la cobertura de un acto de campaña por las elecciones regionales en un barrio de El Alto, el informador «fue interceptado por desconocidos cuando se retiraba a su domicilio», fue secuestrado y atacado con violencia por sus agresores, quienes lo «acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante», en medio de amenazas.

• El periodista recibió atención médica y el sábado formalizó una denuncia ante la Policía.

La ANPB y la Cstpb advirtieron que este «atentado no puede interpretarse como un simple hecho de inseguridad ciudadana», pues las amenazas «directas» que recibió el periodista, «la violencia ejercida» y el robo de sus herramientas de trabajo «evidencian un acto premeditado con el objetivo de amedrentar y silenciar su labor periodística».

«Este hecho se inscribe en un contexto persistente de violencia contra periodistas, alimentado por la impunidad. La falta de garantías efectivas para investigar con celeridad, independencia y transparencia, así como la ausencia de sanción a los responsables en casos anteriores, ha generado un escenario que alienta nuevas agresiones», alertaron.

Los gremios exigieron que haya «una investigación inmediata, exhaustiva e independiente» para identificar a los autores «materiales e intelectuales» del suceso y se otorguen «garantías de protección efectivas» para el periodista atacado y su familia.