El Gobierno español, formado por una coalición de izquierdas, reguló este martes el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria públicas de los extranjeros sin residencia legal en España.
Detalles del procedimiento
Quien lo pida acreditará que no dispone de cobertura sanitaria de otra manera y la residencia podrá demostrarse con el empadronamiento o, en su defecto, con documentación como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales.
La solicitud, según el Ministerio de Sanidad, activa un documento provisional que permite recibir la asistencia sanitaria desde el primer momento, con un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente.
Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta de la administración, la solicitud se entenderá estimada. Una vez reconocido el derecho, no tendrá caducidad mientras no se disponga de cobertura sanitaria al margen de la pública, que se financia totalmente con impuestos.
Las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando el interesado no pueda hacerlo en el primer momento de la atención sanitaria.
«Así evitamos algo que pasaba hasta ahora y es que alguien fuera atendido y luego recibiera una factura simplemente por no haber hecho el papeleo«, explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.
Este derecho a la atención sanitaria pública se ampliará a los españoles residentes en el extranjero y sus familiares durante sus desplazamientos temporales a España, siempre que no tengan la cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social.
En caso de resolución denegatoria, se facturarán las atenciones recibidas, pero no será así si el solicitante demuestra luego que sí cumplía los requisitos en el momento de recibir dicha asistencia sanitaria.
La norma reconoce, además, una serie de personas vulnerables que tendrán derecho a la asistencia inmediata, con independencia de su situación administrativa: menores de edad; embarazadas; víctimas de violencia de género (incluidos los hijos) o sexual; de explotación y trata; y solicitantes de protección internacional o del estatuto de apátrida.
Esta regulación, propuesta por los ministerios de Sanidad y de Migraciones, recoge explícitamente el derecho de las mujeres extranjeras no residentes en España a la interrupción voluntaria del embarazo.
«La sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país», aseguró la ministra de Sanidad.
Estas garantías de atención sanitaria fueron recibidas con fuertes críticas por el partido de extrema derecha Vox (tercera fuerza parlamentaria).
Su presidente, Santiago Abascal, calificó de «crimen» la decisión del Gobierno, que comparó con «abrir las puertas» de los hospitales españoles «a toda África». Esto genera «un efecto llamada brutal de la invasión migratoria», aseguró.
El Gobierno aprobó el 27 de enero un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que viven en el país en situación irregular. Esta medida va dirigida a quienes puedan acreditar al menos cinco meses de residencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales.
