La ciudad de San Francisco de Macorís enfrenta un nuevo desafío en materia de movilidad urbana. Tras una orden judicial que prohíbe al Ayuntamiento utilizar inmovilizadores de vehículos (candados) y cobrar multas por estacionamiento indebido, se ha registrado un aumento en las infracciones de tránsito en el casco urbano.

La decisión fue emitida por la magistrada Valentina Marte Alvarado, de la Segunda Cámara Civil y Comercial de la provincia Duarte, luego de una medida cautelar presentada por el abogado Jer Yan Lantigua de la Cruz. El tribunal ordenó al cabildo suspender de inmediato la colocación de inmovilizadores y el cobro de multas de RD$1,500, al considerar que estas acciones exceden las competencias municipales establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Desde la entrada en vigencia del fallo, el pasado 16 de febrero de 2026, ciudadanos y comerciantes han denunciado que muchos conductores ignoran las señales de “No estacionar”, lo que ha provocado obstrucciones en vías de alto flujo, reducción del espacio para la circulación y taponamientos prolongados que afectan la actividad comercial del centro de la ciudad.

Ante este panorama, el alcalde Alex Díaz Paulino afirmó que el ayuntamiento mantiene su compromiso con el orden del tránsito. Como alternativas, anunció que promoverá modificaciones a las leyes 63-17 y 176-07 para otorgar mayores facultades a los cabildos en la gestión de la movilidad y el manejo de multas, además de fortalecer el rol de la Policía Municipal.

Asimismo, el cabildo estaría coordinando con la DIGESETT para retirar vehículos mal estacionados mediante grúas, siguiendo los procedimientos legales vigentes. Mientras tanto, el abogado que interpuso la acción judicial advirtió que vigilará que estas medidas no se conviertan en represalias contra los conductores, en medio de un proceso legal que aún continúa.