La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves ampliar por 30 días más el régimen de excepción para combatir a las pandillas, con lo que la polémica medida, implementada desde el 27 de marzo de 2022, cumplirá cuatro años de vigencia entre la aceptación de buena parte de la ciudadanía y denuncias de violaciones a derechos humanos.

Acciones y justificación del régimen de excepción

Esta nueva prórroga supone la 49 aprobada sucesivamente por el Congreso y amplía la medida -inicialmente avalada como extraordinaria pero que se ha vuelto permanente- hasta el 30 de abril del presente año.

La justificación para la ampliación, aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el órgano Legislativo, es «la aún existencia de grupos terroristas» que «de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos», según el decreto leído durante sesión plenaria.

Se señaló que «si bien las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado, que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 91.650 terroristas, es necesario prolongar dicho régimen de excepción«.

Además, se apuntó que «la Policía Nacional Civil continúa detectando a responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas y así interviniendo oportunamente su pretensión de continuar ejecutando los delitos que por muchos años negaron la paz y la tranquilidad de los salvadoreños».

«El régimen de excepción, cuyo efecto ha sido preciso y con una dirección estratégica clara, continúa siendo fundamental para combatir el fenómeno criminal de la estructuras organizadas radicadas en todo el territorio nacional«, contempla el decreto.

El régimen de excepción contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.

Denuncias y controversias sobre derechos humanos

Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.

En el contexto de este régimen, organizaciones humanitarias han documentado al menos 6.889 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales el 98 % corresponde a detenciones arbitrarias; además, agentes de la Policía estarían implicados en el 75 % de los abusos.

Además, se reporta la muerte de más de 500 detenidos bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado.

Este estado, que cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población, cumple cuatro años de vigencia pocos días después de que un informe elaborado por expertos internacionales señalara que, en el marco de la medida, se habrían cometido violaciones de derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad«.