Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
El aumento de los combustibles no es una mala noticia abstracta ni un simple dato de mercado. Para los ayuntamientos representa un golpe directo a sus finanzas, a su capacidad operativa y, en consecuencia, a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
Cada alza en los carburantes encarece la recogida de residuos, el traslado de brigadas, la movilidad de equipos, el uso de maquinarias, las labores de limpieza, el mantenimiento de espacios públicos y toda la logística mínima que requiere una gestión local para responder con dignidad. Y todo eso ocurre mientras el presupuesto municipal sigue siendo bajo, rígido y prácticamente fijo mes tras mes, como si la realidad no cambiara y como si las demandas sociales no crecieran todos los días.
Ahí está el verdadero problema. A los gobiernos locales se les exige más, mucho más, pero se les sigue dejando con lo mismo o con muy poco. Se les reclama mayor eficiencia, mejores servicios, más presencia en los barrios, mayor capacidad de respuesta y soluciones visibles.
Sin embargo, sus finanzas se deterioran más rápido de lo presupuestado cada vez que suben los costos del combustible, del transporte y de la logística. Entonces la ecuación se vuelve perversa. El ciudadano exige, con razón, pero el ayuntamiento se va quedando sin aire, sin margen y sin capacidad real para sostener la operación.
Frente a ese panorama, llama poderosamente la atención el silencio de los gremios municipales. Al menos de manera visible, no se ha sentido una postura firme, una queja contundente, un reclamo articulado ni una petición seria de auxilio frente a una situación que afecta directamente la gobernabilidad local. Y eso obliga a hacerse varias preguntas incómodas. ¿Es que el hecho de que la mayoría de los alcaldes pertenezcan al partido de gobierno o a fuerzas aliadas les ha debilitado el deseo legítimo de luchar por sus verdaderas obligaciones? ¿Tienen miedo a posibles represalias? ¿Están agotados de insistir y ya no sienten que vale la pena dar esa batalla? ¿O acaso todas esas preguntas forman parte de una misma y dolorosa respuesta?
Porque cuando una autoridad local deja de defender las condiciones mínimas para poder servir, empieza también a perder legitimidad ante su propia gente. Y esa es la parte más delicada de este asunto. Al final, quien paga la factura no es el funcionario, ni el gremio, ni el tecnócrata que observa desde lejos. La pagan los ciudadanos con servicios más precarios, con mayor deterioro urbano, con basura acumulada, con menos capacidad de respuesta y con una sensación creciente de abandono.
Tampoco se puede ignorar la responsabilidad del Gobierno central. Cabe preguntarse si realmente tiene contempladas medidas o paliativos para aliviar unas arcas municipales que hoy se desangran con mayor rapidez de la prevista.
Porque si el alza de los combustibles impacta toda la economía, en el ámbito municipal ese impacto es todavía más cruel, ya que golpea la estructura más cercana al ciudadano y la más obligada a dar respuestas inmediatas. No se puede hablar de estabilidad, ni de protección social, ni de contención de crisis, dejando fuera a los ayuntamientos, que son la primera línea del servicio público cotidiano.
Este no es momento para silencios cómodos ni para lealtades mal entendidas. Los alcaldes están llamados a defender sus territorios, su capacidad de gestión y el derecho de sus comunidades a recibir servicios decentes.
Y el Gobierno central tiene el deber político y moral de comprender que, si no protege la operación municipal en una coyuntura como esta, terminará agravando la crisis donde más se siente: en la vida diaria de la gente.
Por eso la recomendación es simple, pero urgente. Alcaldes, muévanse. Gobierno, sensibilícese.
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