La obsolescencia programada es la estrategia comercial de diseñar dispositivos con una vida útil limitada para que se vuelvan inservibles o desactualizados tras un periodo de tiempo, de esta manera, se fuerza al usuario a comprar un nuevo. Desde marzo de 2021, los usuarios europeos tienen por ley el ‘derecho a reparar’ porque, según dictaminó la Unión Europea, los fabricantes que venden neveras, lavadoras, secadoras, televisores o móviles en la UE deben asegurar que pueden repararse hasta por diez años para «para reducir la enorme montaña de desechos eléctricos que se acumulan cada año en el continente».
Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan más amplio orientado a disminuir el impacto ambiental de los productos manufacturados, apostado por hacerlos más duraderos y eficientes desde el punto de vista energético. Es decir, se exige a los fabricantes garantizar la disponibilidad de piezas durante al menos diez años, además, desde entonces, los dispositivos deben incluir manuales de reparación y estar diseñados de forma que puedan desmontarse con herramientas habituales cuando ya no sea posible arreglarlos, facilitando así su reciclaje.
También, a todo ello se sumó una propuesta de la Comisión Europea para reforzar los derechos de los consumidores ante averías en aparatos como televisores o lavadoras, obligando a los fabricantes a repararlos, en lugar de sustituirlos, durante un periodo de hasta diez años desde su compra. Asimismo, para fomentar la reparación de dispositivos para que se usen durante más tiempo, desde junio del año pasado, los dispositivos electrónicos que se venden en la Unión Europea deben llevar una etiqueta energética para saber si un móvil, tablet o televisor son eficientes, fáciles de reparar y resistentes, entre otros requisitos.
Ahora, en un nuevo giro que endurece las políticas de sostenibilidad para reducir el volumen de residuos electrónicos, la Unión Europa tiene decidido que los móviles con fecha de caducidad temprana deben llegar a su fin.
Concretamente, el reglamento indica que, a partir de 2027, los smartphones comercializados en los Estados miembros de la UE tendrán baterías más duraderas para soportar un mayor número de ciclos de carga sin perder capacidad, además, será obligatorio que las baterías puedan ser reemplazadas por el propio usuario —esto quiere decir que los fabricantes dirán hasta siempre a los diseños unibody que requieren herramientas especializadas para extraer una batería—.
Podrás extraer la batería de tu móvil a partir de 2027
Con esta medida, el derecho a reparar deja de ser una simple recomendación para convertirse en un requisito técnico que influirá directamente en el diseño de los futuros smartphones. Más allá del hardware, la normativa europea también incide en la vida útil de los dispositivos a través del servicio posventa. Así, las marcas no solo deberán garantizar el acceso a piezas de repuesto originales durante largos periodos, sino que también estarán obligadas a proporcionar actualizaciones de software durante un tiempo mínimo asegurado.
En definitiva, se trata de la respuesta de Bruselas frente a la obsolescencia programada, con el objetivo de evitar que un dispositivo quede desfasado por falta de compatibilidad. Además, aunque el marco legal ya está definido, el sector dispondrá un periodo de adaptación para cumplir con las nuevas exigencias, ya que los fabricantes tendrán los próximos meses para ajustar sus procesos de producción y logística antes de la entrada en vigor en 2027.
Desde Bruselas defienden que priorizar la reparación siempre que sea viable no solo contribuye a reducir costes, sino que también responde a los objetivos del Pacto Verde, al disminuir la generación de residuos y el consumo de materiales en la fabricación de nuevos productos.