El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, bloqueó este jueves el acceso de la prensa a la sede del Ejecutivo en una inédita decisión que fue repudiada por periodistas, medios de comunicación y la oposición política.
Sin aviso previo, el Gobierno deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para desarrollar su labor informativa diaria en la sala de prensa.
La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara en la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva local Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada al grabar imágenes del interior del edificio y emitirlas luego en un programa sobre las internas en el seno del Ejecutivo.
«La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional«, argumentó el secretario de Medios y Comunicación de Argentina, Javier Lanari, a través de la red social X.
Tras la polémica decisión, Milei, de conflictivo historial con la prensa -incluyendo varias denuncias contra periodistas-, reafirmó este jueves en redes sociales su eslogan «no odiamos lo suficiente a los periodistas» con mensajes como: «Ser corruptos y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95 %) tendrán que entender que no están por encima de la ley».
Rechazo de medios y periodistas
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne a 180 empresas periodísticas, expresó en un comunicado su «máxima preocupación» ante la decisión «intempestiva» del Gobierno «que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina» y que «impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información».
- También el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) repudiaron la medida «de extrema gravedad institucional».
«Hasta el momento, no tuvimos ninguna comunicación oficial sobre por qué la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (hermana y mano derecha del presidente) decidió prohibir el ingreso a los periodistas y cerrar arbitrariamente la sala. Nunca en la historia democrática nacional ocurrió algo de este calibre», afirmó a EFE Tatiana Scorciapino, periodista del periódico Tiempo Argentino acreditada en Casa Rosada.
Los periodistas acreditados afectados por la medida planean presentar en la Justicia una acción de amparo.
Oposición pide explicaciones
Una docena de diputados de diversos bloques opositores acudió a las puertas de la sede gubernamental para expresar su solidaridad a los periodistas y presentó una nota dirigida a los responsables de Casa Militar y la Secretaría de Medios para solicitar explicaciones con carácter de urgencia.
A las puertas de la Casa Rosada, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica ARI y una de las firmantes de la nota, dijo a EFE que «este Gobierno no resiste que la prensa esté cerca».
«Se están destapando muchas cosas de este Gobierno, que necesita ocultar. Entonces la prensa es para el Gobierno un factor de molestia absoluta y de riesgo. Es insostenible para los diputados de todos los bloques, menos del oficialismo, aceptar que el Gobierno haga esto», afirmó Frade.
La diputada opositora Marcela Pagano denunció penalmente a Milei por impedir el ingreso de los periodistas.
Pagano, periodista de profesión y quien hasta agosto pasado integraba el bloque oficialista en la Cámara Baja, advirtió en redes sociales que «la prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente».
Amnistía Internacional, que también cuestionó la medida gubernamental, advirtió en X que «el deterioro del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en Argentina es veloz y sostenido».
«El clima de intolerancia estatal hacia la crítica, la estigmatización y hostigamiento a la prensa, en dos años de gestión del actual presidente, se ha transformado en política de Estado«, alertó la organización.