Los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente en Chihuahua tras su presunta participación en un operativo contra el narcotráfico no tenían acreditación formal para realizar actividades operativas en territorio mexicano, informó este sábado el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, junto a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, expresaron sus condolencias por la muerte de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— durante el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en Chihuahua.
Con respecto a los dos extranjeros fallecidos, el Gobierno mexicano detalló que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, uno ingresó al país como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.
“Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, precisó el Gabinete de Seguridad.
Las autoridades federales también afirmaron que ni el Gobierno mexicano, ni las instituciones de seguridad, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción dentro del territorio nacional.
Por ello, el Gabinete de Seguridad indicó que realiza las “revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México”.
“La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional”, señaló el comunicado de prensa.
El Gobierno mexicano insistió en que la cooperación internacional en seguridad debe desarrollarse mediante un intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, “siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”.
El pronunciamiento se suma a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el jueves descartó buscar un “conflicto” con Estados Unidos, pero pidió explicaciones para aclarar bajo qué condiciones se dio la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua.
Sheinbaum afirmó que cualquier colaboración en materia de seguridad debe estar autorizada por el Ejecutivo federal y advirtió que, si hubo participación operativa sin autorización, podría tratarse de una violación a la Constitución y a las leyes mexicanas.
La mandataria también señaló al Gobierno de Chihuahua por haber solicitado presuntamente la colaboración sin informar a las instancias federales.
En paralelo, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especial de investigación para esclarecer los hechos y designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada en atención a mujeres víctimas de delitos por razones de género y a la familia, para encabezarla.
Campos dijo que su Gobierno no hará pronunciamientos sobre el curso de la investigación para salvaguardar su integridad, aunque defendió que Chihuahua mantendrá su combate frontal al crimen organizado y la coordinación con instituciones federales.
Límites de cooperación
El caso abrió un nuevo debate sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, después de que The Washington Post reportó que los dos estadounidenses fallecidos pertenecían presuntamente a la CIA y habrían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico en la que también estuvieron presentes.
La controversia ocurre en un contexto de presión de Washington para intensificar el combate a los carteles mexicanos, mientras el Gobierno de Sheinbaum insiste en que la colaboración bilateral no puede traducirse en subordinación ni en operaciones extranjeras dentro del territorio nacional.
