La Unión Europea presentó el lunes las medidas que quiere que Google adopte para abrir su sistema operativo a los servicios de inteligencia artificial de la competencia, una iniciativa duramente criticada por el gigante tecnológico estadounidense.
En virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), las principales empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con el dominio del mercado.
«Las medidas propuestas tienen como objetivo garantizar que los servicios de IA competidores puedan interactuar eficazmente con las aplicaciones en los dispositivos Android de los usuarios y ejecutar tareas (…) como el envío de un correo electrónico a través de la aplicación de mensajería preferida del usuario, el pedido de comida o compartir una foto con amigos», argumentó la Comisión Europea.
Según el Ejecutivo europeo, Google reserva en gran parte estas funcionalidades a sus propias ofertas de IA (como su asistente Gemini) en los teléfonos y tabletas que funcionan con Android.
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha arremetido contra la normativa DMA y contra otra sobre moderación de contenidos, la Ley de Servicios Digitales. Acusa a Bruselas de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
La UE alega que las propuestas para Google «ofrecerán a los usuarios de Android de toda la UE una mayor variedad de servicios de inteligencia artificial».
Pero Google se defiende diciendo que la «intervención injustificada» corre el riesgo de «incrementar innecesariamente los costes, al tiempo que socava las protecciones fundamentales de privacidad y seguridad para los usuarios europeos».
Proceso en desarrollo
La última medida de la UE forma parte de sus conclusiones preliminares de un proceso iniciado en enero.
No es una investigación formal que pueda dar lugar a multas pero si Bruselas no queda satisfecha con los esfuerzos de Google podrá concluir que la empresa incumple lo establecido.
Y cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de la empresa.