La discusión en torno al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, volvió a intensificarse luego de que diversos sectores sociales desarrollaran ayer, lunes, una huelga general de 24 horas en el municipio de San Juan de la Maguana para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por la empresa canadiense GoldQuest.
La jornada estuvo marcada por protestas, movilizaciones, incendios de neumáticos y obstrucción de vías en distintos puntos de la ciudad. Según informaron los convocantes, agrupados en el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida, la paralización recibió un respaldo superior al 95 %, evidenciado en el cierre de establecimientos comerciales, centros educativos y actividades productivas.
A propósito de estas protestas, el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, afirmó este martes que la institución se mantiene a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto Romero, documento que servirá de base para cualquier evaluación técnica oficial.
El funcionario explicó que el ministerio actuó conforme a lo establecido en la Ley 64-00, luego de una nueva solicitud presentada por la empresa interesada, preparando los términos de referencia (TDR), que contienen las condiciones técnicas y ambientales que deberán cumplirse para someter el estudio.
- Precisó que autorizar la realización del estudio no implica aprobación del proyecto minero, sino el inicio del proceso de evaluación ambiental que exige la normativa vigente.
Las conclusiones del estudio deberán incluir análisis detallados sobre cobertura forestal, aguas subterráneas, posibles remediaciones ambientales y demás impactos asociados a la operación minera, explicó durante una entrevista en el programa Hoy Mismo.
El proyecto minero Romero busca explotar un yacimiento de un millón de onzas de oro, plata y cobre en San Juan, que, de acuerdo con la empresa minera tendría un impacto menor sobre el medioambiente y las fuentes hídricas, debido a que sería operado de forma subterránea.
A finales del 2025, el presidente Abinader se refirió a este proyecto, aclarando que no existe autorización alguna para la explotación minera en la zona y que, por el momento, lo único dispuesto es la realización de un estudio de impacto ambiental.
El mandatario sostuvo que no corresponde emitir opiniones definitivas sin conocer primero los resultados técnicos de esa evaluación, la cual permitirá determinar con precisión los posibles efectos de la iniciativa sobre el subsuelo y el entorno ambiental.
Permisos sobre los proyectos de construcción
En otro orden, Paíno Henríquez destacó avances en la agilización de permisos ambientales para proyectos de construcción e inversión, al asegurar que el ministerio que dirige impulsa una transformación digital de sus procesos.
Indicó que desde el inicio de la actual gestión se han tramitado más de 11,500 permisos, vinculados a inversiones que superan los 25,000 millones de dólares.
Según explicó, más del 50 % de la permisología ya ha sido digitalizada, incluyendo procesos automatizados y la publicación estandarizada de 73 tipos de términos de referencia utilizados con frecuencia por empresas desarrolladoras.
Henríquez aseguró que esas medidas permiten reducir entre seis meses y un año los tiempos de respuesta en los proyectos de mayor complejidad.
También citó la plataforma SIGEO-RD, herramienta digital que permite verificar si un terreno se encuentra en área protegida, zona inundable, humedal u otras restricciones ambientales antes de iniciar una inversión.
Vertedero de Duquesa
Sobre la situación del vertedero de Duquesa, el ministro lo definió como el principal pasivo ambiental del país y afirmó que el Gobierno trabaja en su cierre técnico como parte de una estrategia nacional de manejo integral de residuos sólidos.
Explicó que actualmente se generan más de 8,000 toneladas diarias de residuos en el Gran Santo Domingo, volumen que supera proyecciones realizadas años atrás.
Sostuvo que el cierre de Duquesa requiere la habilitación de nuevos sitios de disposición final y plantas de valorización que permitan elevar el porcentaje de residuos tratados en el país.