La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, afirmó este martes que la medida que generó controversia por un aumento de sueldos para los miembros del pleno no correspondía a un incremento salarial, sino a un “incentivo” vinculado a la carga de trabajo de la institución.
La funcionaria habló por primera vez públicamente del tema tras encabezar la rendición de cuentas del organismo fiscalizador para el periodo 2025, en el Congreso Nacional.
Emma Polanco justificó la iniciativa en los resultados de la gestión que encabeza, asegurando que durante el último período se realizaron 90 auditorías, en contraste con las que se realizaron durante la gestión que encabezó su antecesor, Janel Andrés Ramírez.
“Nosotros trabajamos 90 auditorías. En la gestión pasada, se trabajó en un año solo dos auditorías”, sostuvo.
Polanco insistió en que la intención era reconocer el volumen de trabajo y no establecer un aumento salarial.
“Pero ya eso todo ha quedado en el pasado, nuestro compromiso es trabajar y dar resultados al país”, agregó, dando por cerrado el tema.
La controversia con los salarios surgió luego de que se conociera la resolución ADM-2026-017, emitida el 13 de marzo de 2026, que contemplaba incrementos de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno.
La medida fue posteriormente dejada sin efecto por la propia Cámara de Cuentas, en medio de críticas públicas y la decisión fue comunicada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien valoró la rectificación como “un acto de responsabilidad pública”.
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Rendición de cuentas del 2025
Durante su discurso de rendición de cuentas correspondiente al período 2025, Polanco presentó los principales avances institucionales de la Cámara de Cuentas, destacando un aumento significativo en la producción de auditorías y reformas internas orientadas a fortalecer la fiscalización.
En ese período, según explicó, en el pleno se aprobaron 75 informes finales de auditoría, alcanzando un total de 90 aprobaciones, lo que, según la institución, representa “niveles históricos” y una reactivación de su función fiscalizadora.
De estos informes, 50 fueron notificados a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por el hallazgo de posibles irregularidades.
En materia de control, Polanco dijo que se evaluaron 59 informes de auditoría y 21 políticas institucionales, incluyendo aspectos como antisoborno y cumplimiento normativo.
El informe presentado incorpora además una auditoría externa practicada a la propia Cámara de Cuentas en su gestión financiera y administrativa.
La presidenta de órgano fiscalizador también informó sobre la incorporación de 82 nuevos auditores, aunque señaló que aún enfrenta limitaciones de personal, porque existen 1,440 entes auditables y cada uno requiere equipos de alrededor de ocho auditores.
Respecto a las declaraciones juradas de patrimonio, se recibieron 1,698 documentos durante el período evaluado. La institución indicó que rediseñó el formulario, reduciendo su extensión en un 60 % para eliminar barreras en el proceso.
El informe también señala que se logró una nivelación salarial con el objetivo de garantizar sueldos competitivos y se implementó un manual de compensación.
Para 2026, Polanco manifestó que la Cámara de Cuentas proyecta continuar con reformas orientadas al fortalecimiento del control y la fiscalización, apoyadas en el uso de plataformas tecnológicas.