La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Cauasd) valoró este lunes la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de detener de forma inmediata las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, promovido por la empresa GoldQuest.
La entidad académica valoró positivamente que «el Poder Ejecutivo haya reconocido la fuerza jurídica, ambiental y democrática de la llamada licencia social, entendida como la aceptación informada, legítima y participativa de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos de alto impacto ambiental, territorial, hídrico y social».
La Cauasd señaló que esta decisión confirma una verdad que la Universidad, las comunidades y diversos sectores técnicos, científicos, religiosos, productivos y sociales han venido planteando: «no puede haber minería viable donde existe rechazo social masivo, alta fragilidad hídrica, importancia agrícola estratégica y riesgo de afectación a territorios esenciales para la vida, la producción y el consumo humano«.
- Asimismo, felicitó al pueblo de San Juan y del suroeste que, a su juicio, ha desarrollado una lucha cívica, ordenada, contundente, disciplinada y firme en defensa del agua, la vida, la agricultura y el territorio.
«Esta victoria ciudadana no debe ser interpretada como el cierre del problema, sino como el inicio de una revisión más profunda. El país debe examinar de manera integral todo el conjunto de concesiones, solicitudes y derechos mineros que ocupan o presionan la vertiente sur de la cordillera Central y otras zonas de alta sensibilidad hídrica, ecológica, agrícola y social», indicó en un comunicado.
Otorgamiento de concesiones mineras
Además, la Comisión Ambiental de la UASD consideró indispensable que el Estado dominicano revise el modelo actual de otorgamiento de concesiones mineras, especialmente cuando estas se superponen sobre cuencas hidrográficas, zonas de recarga, territorios agrícolas, áreas de producción alimentaria, comunidades rurales, asentamientos humanos y ecosistemas estratégicos.
Asimismo, dijo que antes de cualquier estudio de impacto ambiental de proyecto debe realizarse una evaluación ambiental estratégica, como mandan la Ley 64-00, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio Ambiente.
«La Cauasd entiende que República Dominicana necesita con urgencia una nueva ley minera, moderna, democrática, preventiva y coherente con el interés nacional, que coloque por encima de cualquier interés extractivo la protección del agua, la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, los derechos de propiedad, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la sostenibilidad ecológica», enfatizó la entidad ambiental.
Frente Amplio también respalda decisión
En esa misma línea, el Frente Amplio también valoró como «una conquista» la decisión del presidente Abinader de ordenar la detención del proyecto», al considerar que constituye un paso correcto en la defensa del medio ambiente y los intereses de las comunidades.
La organización política valoró que la medida, sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, reconoce la importancia del marco legal ambiental, pero sobre todo, «evidencia el peso determinante que ha tenido el rechazo ciudadano frente a una iniciativa percibida como una amenaza para los recursos naturales y la vida de la población».
La presidenta del partido, María Teresa Cabrera, afirmó que esta decisión no puede entenderse «sin la firme y sostenida movilización social desarrollada en San Juan y en todo el país», donde organizaciones comunitarias, campesinas, ambientales y sectores populares se levantaron en defensa de su territorio.
“Es la demostración de que cuando el pueblo se organiza y lucha, puede incidir de manera directa en las decisiones del poder”, expresó.