La Junta Central Electoral expresó este viernes su postura ante la propuesta de reducir el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al considerar que la medida podría afectar la certidumbre jurídica y el funcionamiento del sistema electoral.
Mediante un comunicado de prensa, la institución recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales, como 2026, la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, indicó que la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, promulgada en fecha 16 de diciembre de 2025, consignó una asignación equivalente al 0.12 %, monto que representa menos de la mitad de lo contemplado en la legislación vigente.
«Afectaría la planificación de los partidos»
Según la JCE, una nueva reducción presupuestaria afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y las obligaciones que han contraído con base en la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y de la Resolución 01-2026, del 15 de enero de 2026.
El organismo electoral sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral y afirmó que una disminución adicional de los recursos podría incidir en principios como la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica.
- La entidad recordó además que la Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, le atribuye la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas, así como supervisar el uso del financiamiento en los procesos electorales.
En ese sentido, la JCE hizo un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral.