Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil suspendió este sábado la aplicación de la ley que reducía la pena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro hasta que se resuelvan las impugnaciones legales presentadas.
En un documento obtenido por la AFP, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó la suspensión de la aplicación de la ley en aras de la «seguridad jurídica«, hasta que el Tribunal Supremo celebre una audiencia en plenario sobre las apelaciones que cuestionan la «constitucionalidad» del texto.
En septiembre pasado Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo, que lo declaró culpable de conspirar para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral ante Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.
La ley, aprobada por el Parlamento en diciembre, fue bloqueada por el presidente de izquierda al mes siguiente.
Sin embargo, los parlamentarios anularon el veto presidencial a finales de abril, y la ley finalmente entró en vigor el viernes.
La nueva ley, aplicable a todos los condenados por tentativa de golpe de Estado, busca acortar el período de espera para la reducción de penas, lo que podría disminuir significativamente su encarcelamiento.
Sin embargo, para que la ley se aplique, los equipos de defensa de los condenados deben solicitar al Tribunal Supremo que recalcule los términos de la reducción de penas caso por caso.
Revisión de casos
En la práctica, la orden del juez De Moraes suspende la revisión de estos casos hasta que el Tribunal Supremo se reúna en sesión plenaria para decidir sobre la constitucionalidad de la ley, tras una petición de partidos de izquierda.
Las reducciones de pena previstas por la ley también buscan beneficiar a quienes fueron condenados por su participación en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una turba de partidarios de Bolsonaro saqueó edificios gubernamentales en Brasilia una semana después de la toma de posesión de Lula.
Según la Corte Suprema, este ataque fue parte del complot golpista.
Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud.
El viernes, sus abogados presentaron una nueva apelación, solicitando a la Corte Suprema que revoque su condena para «rectificar una injusticia».
