El gobierno de Cuba, que autorizó a inicios de febrero la importación privada de combustible por primera vez en casi 70 años, anunció este martes que eliminará el precio fijo de venta de combustible por uno variable según el costo de importación.
En un comunicado publicado este martes en medios locales, el Ministerio de Finanzas y Precios subraya que las autoridades cubanas mantuvieron por años un precio fijo para la venta de combustibles «como política de protección ante los cambios e inestabilidades propias de un mercado convulso», una política que «no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones».
En ese sentido, anuncia que a partir del próximo viernes «los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica» de importación.
El Ministerio también señala que la apertura económica ha «permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera», lo que sugiere una posible liberalización de esas ventas.
Las importaciones privadas de combustible fueron autorizadas en la isla comunista como parte de un paquete de medidas de emergencia ante la escasez provocada por las sanciones de Estados Unidos.
Impacto de las sanciones de Estados Unidos en Cuba
Sin embargo, las empresas privadas, permitidas en la isla desde 2021, no fueron autorizadas entonces a comercializar el combustible importado, reservado exclusivamente para sus propias operaciones.
Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla, amenazando con sancionar a los países que le vendan combustible, lo que ha prácticamente paralizado su economía y empeorado significativamente las condiciones económicas de su población.
Desde mediados de enero, la administración de Donald Trump solo ha permitido la llegada a la isla de un tanquero ruso.
El 1 de mayo, Trump, que no disimula su deseo de que se produzca un cambio de régimen en Cuba, firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones y apuntan a empresas y bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano.