Desde el pasado 6 de mayo y hasta ayer 11 transcurrieron seis días, un período en el cual las autoridades del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) cerraron o desmantelaron cinco estaciones de venta de combustible por irregularidades, un promedio de casi una diaria. Montecristi figura como la provincia con mayor cantidad de casos registrados.
Pero, a juzgar por las estadísticas oficiales, el mercado de hidrocarburos en la República Dominicana aparenta estar afectado por los delitos. La venta y el almacenamiento irregular y el trasiego de derivados del petróleo figuran entre las tres principales ilegalidades detectadas en el sector, al menos entre enero de 2025 y marzo de este año.
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Durante el citado período, los casos de venta irregular de hidrocarburos descubiertos por las autoridades sumaron 17, equivalente al 27.9 % de los diferentes ilícitos detectados en ese lapso, que sumaron 61, de acuerdo con los registros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
El almacenamiento ilegal y el trasiego de combustibles también se incluyen entre las irregularidades más detectadas por el Ceccom. El primero sumó siete casos entre 2025 y el primer trimestre de este año, mientras que del segundo se detectaron cinco, representando el 11.5 % y el 8.2 %, respectivamente.
Cronología de cierres
El MICM comunicó el pasado domingo el cierre de una estación de expendio de carburantes en el distrito municipal de Sabaneta, en San Juan, donde decomisó dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno.
Cuatro días antes, el miércoles 6 de mayo, el MICM comunicaba el cierre de otro establecimiento de ese tipo en el municipio de Castañuelas, en Montecristi, tras comprobarse que vendía gasolina prémium que no cumplía con la calidad mínima requerida.
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Por igual motivo, el ministro Eduardo Sanz Lovatón anunció este lunes que esa institución cerró tres estaciones de combustibles: una ubicada en Padre Las Casas, provincia Azua, y las restantes dos en Montecristi: una en Villa Vásquez y otra en las Matas de Santa Cruz, las cuales dijo “que no cumplían con los requisitos normativos de calidad”.
La “bomba” de Padre Las Casas era administrada por la empresa Bohechío, la de Villa Vásquez por el Grupo Empresarial Cabrera y la de Las Matas de Santa Cruz por Coraymar, según señaló Sanz Lovatón.
A mediados de marzo de este año, la entidad informó que detuvo en Bonao, provincia Monseñor Nouel, a un ciudadano que utilizaba una ambulancia para el trasiego ilegal de combustibles, acción en la cual fueron decomisados 2,000 galones de gasolina, valorados en 580,210 pesos. En el lugar se hallaron 40 tanques de 50 galones, utilizados para el almacenaje.
Durante el 2025, el MICM realizó 916 inspecciones a estaciones de expendio de combustibles, en procura de asegurar el cumplimiento de las normativas de operación y seguridad. De esa cantidad, 10 fueron para parar y cerrar su operación, según está contenido en la memoria institucional de ese año.
Penas por ilícitos
Aunque en ninguno de los casos recientes de cierre de estaciones de combustibles las autoridades han informado sobre las sanciones a los propietarios, el reglamento de aplicación de la Ley 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos controlados, establece sanciones con multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.
De igual forma, ordena penas de prisión de tres a cinco años, o ambas condenas a la vez, de conformidad con el artículo 31 de la ley, según precisa el párrafo dos del artículo 25 del citado reglamento.