En una sociedad convulsa y marcada por los constantes cambios que experimenta el mundo, cada vez es más común ver a menores de edad involucrados en hechos violentos o delitos, una realidad que preocupa a padres y tutores que temen perder el control sobre la conducta de sus hijos.
Recientemente, el niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de apenas 10 años de edad, apareció muerto en una cañada del distrito municipal Hato Damas, en la provincia San Cristóbal. De acuerdo con investigaciones preliminares de las autoridades, el principal sospechoso de la tragedia es un adolescente de 14 años, cuya madre reveló que había buscado ayuda para enfrentar los problemas de conductas del menor, alegando que este estaba en “malos pasos”.
El nivel de desesperación de la progenitora era tal que, según relató, llegó a encadenar a su hijo para evitar que continuara involucrándose en problemas. El joven habría participado anteriormente en un robo millonario, según informó la mujer.
Ante situaciones como estas, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) explicó a Diario Libre, que, a través de su programa de crianza positiva, ofrece asistencia psicológica a los padres y tutores que requieren ayuda para trabajar la conducta de sus hijos.
Para recibir el servicio, la entidad exhorta a los interesados a acercarse a sus oficinas regionales y municipales, donde recibirán la orientación adecuada. La entidad no exige ningún requisito para solicitar la asistencia.
La ayuda consiste en intervenciones enfocadas en proyectos de vida y educación sexual integral en contextos comunitarios.
El programa también incluye un abordaje integral no solo para los menores involucrados, sino también para otros miembros de la familia.
Durante el 2025, unos 11,000 padres, madres y tutores fueron beneficiados con este programa de sensibilización. Asimismo, en el primer trimestre de 2026, se capacitaron 2,279 personas bajo el enfoque de crianza positiva a nivel comunitario, en 20 territorios priorizados donde también se implementa la Política de Prevención y Atención de Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes (PPA).
¿Qué pasa con los menores involucrados en conflictos penales?
En el país, los casos de menores de edad en conflictos penales se manejan bajo la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este marco legal dispone que los adolescentes señalados en hechos delictivos sean procesados dentro de un sistema orientado a la rehabilitación y la reinserción social. Es decir, no son enviados a cárceles comunes, sino a Los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp), pero solo en los casos graves.
Esta medida no aplica a los menores de 13 años, quienes no pueden ser detenidos, privados de su libertad ni sancionados por autoridad alguna, por no ser penalmente responsables, según la ley.
En ese sentido, el ingreso a los centros especializados es de carácter excepcional para los adolescentes de entre 13 y 17 años, y solo aplica cuando el imputado es responsable de casos graves como homicidio, lesiones físicas permanentes, violación y agresión sexual, robo agravado, secuestro, así como venta y distribución de sustancias narcóticas.