La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió este jueves que el uso de drones armados para combatir a las bandas criminales por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y sus aliados, pone en «riesgo directo» a la población, especialmente a la niñez.
«El uso de drones armados en zonas urbanas densamente pobladas constituye un alarmante precedente en Haití, que pone en riesgo directo a la población, especialmente a la niñez», señaló la directora en una nota de prensa, en respuesta a las cifras publicadas recientemente por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) sobre víctimas de la violencia en el país.
Para Piquer, su uso está «resultando en probables ejecuciones extrajudiciales«, por lo que las autoridades haitianas «deben evitar su uso ilegítimo y aclarar quiénes los operan y bajo qué marco legal se emplean».
Utilizar drones armados de «forma indiscriminada es un hecho simplemente desconcertante y profundamente cruel«, expresó la directora para las Américas de la ONG.
«El Estado haitiano debe proteger a la infancia, no exponerla a nuevas formas de violencia a través del uso de tecnología letal. Mientras se destinan recursos a la militarización, millones de niños y niñas viven con miedo, hambre y sin la posibilidad de ir a la escuela. Proteger a la infancia debe ser el centro de toda respuesta a la crisis», destacó.
Trimestre violento
- Durante el primer trimestre de 2026 al menos 1,642 personas murieron y 745 resultaron heridas en Haití, documentó recientemente la Binuh.
El organismo de la ONU aseguró que las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69 % de los muertos y heridos, con decenas de civiles, incluidos niños. Las fuerzas de autodefensa causaron el 4 % restante.
Según ese mismo informe, los ataques con drones causaron 41 muertes, además, como consecuencia del uso de esa tecnología, 28 personas resultaron heridas.
Por su parte, Acnudh, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estableció que entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, las operaciones contra las bandas desde drones y helicópteros fueron responsables de la muerte de 60 personas no vinculadas a pandillas, entre ellas siete niños y seis niñas.