Haití atraviesa una situación «muy compleja» marcada por la brutal violencia de las bandas criminales, el deterioro de la vida de millones de personas, especialmente mujeres y niños en condiciones infrahumanas, y una respuesta internacional insuficiente, alertó Amnistía Internacional (AI).
En una entrevista con EFE, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, sostuvo que Haití «está sumido en un contexto de violencia en el que las pandillas han desplegado abusos que van desde asesinatos y violencia sexual hasta ataques contra hospitales y escuelas».
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Solo en los primeros tres meses del año al menos 1,642 personas murieron y 745 resultaron heridas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), que asegura que las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas.
Mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69 % de los muertos y heridos, con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños.
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A esto se suma que unos 5.8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren niveles de crisis o superiores en materia de inseguridad alimentaria (categoría 3 sobre 5).
Y la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1.4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.
Todo esto se produce en un contexto marcado por la violencia prolongada de las bandas armadas, que mantienen bajo su control la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, y otras regiones del país.
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Un país en ruinas y una infancia arrebatada
La violencia incesante ha provocado que «muchos servicios básicos ya se hayan reducido a su más mínima expresión», después de que las bandas hayan destruido escuelas y hospitales causando una «emergencia humanitaria que hay que atender», señaló Piquer.
La consecuencia ha sido «muy brutal», especialmente para los niños, «que han visto su infancia de alguna forma coartada», agregó la representante de AI para las Américas, que propuso un plan nacional integral para la niñez que garantice seguridad, justicia, salud, educación y rehabilitación «para quienes lo requieran».
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A pesar del panorama, la respuesta internacional «no necesariamente está resolviendo el problema» en esta nación, pendiente del despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) creada en 2025 por las Naciones Unidas y que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados.
Respecto a la GSF, Piquer reclamó transparencia porque es necesario, apuntó, que «exista una claridad de cómo va a operar, cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas, que se sepa cuáles son, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza con las cuales van a operar, cuál es la estructura de mando y cuáles son los procedimientos de supervisión».
En todo caso, aseguró, se debe garantizar el respeto a los derechos humanos.
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Ejecuciones desde el aire
En la entrevista, Piquer reiteró las críticas de AI al uso de drones armados para combatir a las bandas criminales por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y sus aliados, que siguen poniendo en riesgo a la población, especialmente a los menores de edad.
El uso de drones «está violando los derechos humanos de la población y agregando nuevas formas de violencia«, subrayó.
Casi 70 personas fallecieron entre enero y marzo en Haití por ataques de drones armados, «una herramienta utilizada supuestamente para conseguir la seguridad, pero que, en definitiva, están matando personas deliberadamente, lo que en algunos casos podría ser incluso ejecuciones extrajudiciales«, denunció Piquer.
