El posible hundimiento del proyecto de ley contra la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia encendió las alertas de los colectivos que impulsan su erradicación, ya que la falta de un último debate antes del cierre de la legislatura impide avanzar en medidas de prevención frente a una práctica que continúa afectando a niñas en el país.
A pesar de que hace casi 20 años que Colombia reconoció la existencia de la MGF, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el país «no ha dado pasos contundentes para prevenir, atender y erradicar la práctica».
En una carta enviada al Senado de la República, catorce colectivos hicieron un llamado «de máxima urgencia» para que el proyecto de ley sea debatido antes del cierre de la actual legislatura, ya que por el contrario debería de volver a presentarse desde cero una vez constituido el nuevo Congreso, que inicia labores el 20 de julio.
La abogada de Equality Now para América Latina y el Caribe, Leandra Becerra, explicó a EFE que el eventual hundimiento del proyecto enviaría «mensajes muy dolorosos y graves», entre ellos que el Congreso «le falla a las lideresas indígenas y a las comunidades que han decidido elaborar diferentes estrategias para erradicar la MGF en sus territorios».
«Por la dinámica y la mecánica legislativa, el proyecto de ley se hunde y debería presentarse nuevamente para la nueva legislatura«, lamentó.
Afectaciones físicas y psicológicas
La MGF comprende todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Se practica sobre todo en niñas que se encuentran entre la edad infantil y los 15 años, de acuerdo a datos de Unicef.
Organismos internacionales la consideran una violación grave de los derechos humanos de niñas y mujeres por las consecuencias físicas y psicológicas que puede generar de por vida.
Entre los efectos inmediatos se encuentran hemorragias, infecciones, dolor intenso y, en los casos más graves, la muerte. También puede producir complicaciones obstétricas, urinarias, sexuales y reproductivas, además de trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y estrés postraumático.
«Esto demuestra que también es una violación al derecho a la salud sexual y reproductiva y no representa beneficio alguno para las niñas y las mujeres«, sostuvo Becerra.
Un problema urgente
En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró por primera vez una audiencia pública temática sobre MGF en las Américas, reconociéndola como un problema regional urgente y subrayando la responsabilidad de los Estados de adoptar marcos normativos robustos para pasar de esfuerzos aislados a respuestas estatales coordinadas.
Según los datos citados por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos de MGF en Colombia, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en Risaralda y Chocó, dos departamento situados en el oeste del país.
El proyecto de ley, añadió Becerra, no busca crear un nuevo delito ni establecer medidas punitivas, por el contrario plantea estrategias que «promuevan la educación, la sensibilización y el trabajo conjunto con las comunidades«.
Para las organizaciones firmantes, la aprobación de la ley representaría una medida concreta para proteger la vida, la dignidad y la integridad de niñas y adolescentes.
Por eso insistieron en que el Senado tiene «la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva y de evitar que este avance se pierda por falta de acción«.
