El Gobierno de Rodrigo Paz decretó este sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos de carreteras instalados a principios de mayo por sectores campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales que ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de pérdidas millonarias.
El decreto, que debe ser validado en 72 horas por el Legislativo, dispone que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control de los conflictos.
Estas son algunas claves del conflicto y el estado de excepción que rige en Bolivia:
1. Antecedentes del conflicto
Los bloqueos de carreteras comenzaron el 6 de mayo tras una alianza entre la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto, a los que se sumaron grupos leales a Morales (2006-2019) para exigir la renuncia del presidente Paz.
El viernes, la COB firmó un acuerdo con el mandatario para «pacificar» el país, pero los campesinos y los sectores leales a Morales rechazaron ese acercamiento y ratificaron que mantendrán los bloqueos, que hasta el momento han dejado ciudades desabastecidas y pérdidas económicas por más de 3,000 millones de dólares.
Las medidas comenzaron en el departamento de La Paz y llegaron a extenderse a ocho de las nueve regiones, con al menos un centenar de puntos de bloqueos.
Sin embargo, desde la semana pasada empezaron a disminuir y este sábado se registran unos 44 cortes de rutas en cuatro departamentos.
2. Anuncio presidencial
Paz anunció que decidió aplicar el estado de excepción «para liberar las carreteras del país» tras agotar «todas las instancias de diálogo» y lograr acuerdos con los sectores que estaban movilizados por «demandas legítimas».
El mandatario, que lleva siete meses de Gobierno, aseguró que esta medida «no pretende quitar la normalidad sino devolverla» para que las ciudades afectadas por los cortes de rutas sean abastecidas de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal.
También sostuvo que en los conflictos hay «infiltrados del narcoterrorismo» que supuestamente operan desde el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales en el centro del país, y que buscan dar un «golpe de Estado«.
3. Algunas prohibiciones
El decreto 5636 declara el «Estado de Excepción por Conmoción Interna en todo el territorio nacional» por hasta 90 días y dispone que las Fuerzas Armadas «coadyuven a la Policía Boliviana en el control y restablecimiento del orden público interno».
Durante su vigencia, se prohíbe realizar bloqueos de carreteras, impedir el transporte y comercialización de alimentos, combustibles, medicamentos y otros «bienes esenciales» y ejercer «actos de violencia» para obligar a la población a participar en las movilizaciones.
Tampoco se podrá «transportar o utilizar explosivos, sustancias inflamables» o cualquier elemento destinado a impedir el libre tránsito, y está prohibido el porte de armas blancas o de fuego.
4. Sanciones y libertades
Policías y militares podrán arrestar a quienes incumplan lo dispuesto en el decreto y deberán remitirlos ante la autoridad competente en un plazo máximo de ocho horas.
El decreto también señala que las medidas establecidas «no suspenden» las garantías constitucionales, ni derechos «fundamentales», como el derecho al debido proceso, a la información o los de las personas privadas de libertad.
Las autoridades han aclarado que las actividades cotidianas se pueden realizar «con normalidad», los comercios, bancos, centros de salud y mercados seguirán funcionando y que no hay restricción para transitar o efectuar reuniones de dos o más personas.
5. Restricciones localizadas
Los ministerios de Gobierno (Interior) y de Defensa podrán aplicar restricciones temporales y «medidas extraordinarias» en zonas específicas,»cuando corresponda», con base en una «evaluación de riesgo, la evolución de los hechos y las necesidades de protección» de «bienes jurídicos e intereses estratégicos constitucionalmente protegidos».
Estas medidas incluyen restricciones a la libertad de circulación si es para realizar bloqueos de carreteras y la aplicación de toques de queda y «ley seca» en zonas «de intervención, protección o sostenimiento», con el fin de «prevenir hechos de violencia», entre otras.
El Parlamento nacional tendrá una sesión este sábado en la noche para analizar el decreto.
