El informe preliminar de la investigación administrativa abierta tras la muerte de Lyhanna, la niña de 11 años asesinada en el suroeste de Francia y que indignó a Francia, reveló este lunes una cadena de errores judiciales y policiales que permitió permanecer en libertad al principal sospechoso del crimen y previamente denunciado por violación de otra menor.
Las conclusiones preliminares fueron presentadas este lunes por Stéphane Noël, director de la Inspección General de Justicia (IGJ), y Jean-Michel Gentil, responsable de la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN), que señalaron graves deficiencias en la gestión de una denuncia presentada en agosto de 2025 contra Jérôme Barella, el sospechoso de la violación y asesinato de Lyhanna, por otra niña identificada bajo el seudónimo de Rosa.
Los autores del informe subrayan que la denuncia «no fue tratada como una prioridad» por las autoridades encargadas de continuar la investigación, pese a la gravedad de las acusaciones y a los indicios existentes sobre la peligrosidad del sospechoso.
Errores en el expediente
El primer error de los hasta cinco detectados fue que el expediente de esa denuncia abierto inicialmente por la Fiscalía de Toulouse fue remitido al tribunal de Auch en formato papel y sin ninguna indicación especial de su urgencia.
Aunque existían mecanismos digitales para transferir documentación de manera rápida, el caso fue enviado por correo ordinario y sin contacto directo entre las fiscalías de las dos ciudades para advertir sobre su sensibilidad.
Como consecuencia, el expediente permaneció varias semanas sin ser abierto ni tramitado.
Una vez recibido en Auch, el caso no fue considerado prioritario a pesar de implicar presuntos delitos sexuales contra una menor. Durante aproximadamente un mes y medio la denuncia no fue asignada a ningún servicio de investigación. Este fue el segundo error.
Según los inspectores esta demora no puede explicarse por una sobrecarga de trabajo ni por falta de personal en la Fiscalía.
Cuando finalmente se decidió avanzar con la investigación, el tercer error fue que el Ministerio Público envió el expediente a un servicio de gendarmería que ya había renunciado a su competencia territorial.
El procedimiento tuvo que ser reenviado posteriormente a la brigada competente en la localidad de Lectoure, lo que provocó nuevos retrasos. Según los inspectores, este error administrativo supuso la pérdida de aproximadamente cuatro meses.
Pese a la gravedad de la denuncia y a la existencia de elementos considerados preocupantes por los investigadores, Barella no fue interrogado ni detenido, lo que los inspectores apuntan como el cuarto error de la cadena de deficiencias en el caso.
La denuncia de Rosa describía múltiples agresiones sexuales presuntamente cometidas durante reuniones organizadas por la familia Barella. Además, estaba respaldada por certificados médicos, exámenes forenses y evaluaciones psiquiátricas.
Los antecedentes del sospechoso también figuraban en los registros judiciales. Barella había sido objeto anteriormente de otra denuncia por violación, archivada por falta de pruebas, y había sido despedido años atrás de un centro educativo por comportamientos considerados inapropiados con menores.
Sin embargo, los investigadores centraron parte de sus esfuerzos en verificar el comportamiento de la madre de la denunciante, quien había tardado cerca de un año en presentar la denuncia, en lugar de actuar rápidamente contra el presunto agresor.
Y el quinto error, según el informe preliminar, radica en una falta de seguimiento tanto por parte de la Fiscalía como de la cadena de mando de la gendarmería de la denuncia.
Falta de actividad en el expediente
Tras un último intercambio entre investigadores y magistrados el 14 de febrero pasado, el expediente prácticamente dejó de registrar actividad. Los inspectores identificaron, por tanto, «deficiencias en los controles internos» y una ausencia de supervisión efectiva por parte de los superiores responsables del caso.
Aunque las inspecciones atribuyen los fallos principalmente a errores individuales de apreciación y gestión, numerosas asociaciones de protección de la infancia consideran que el caso refleja problemas más profundos en el tratamiento de las denuncias por violencia sexual en Francia.
La muerte de Lyhanna ha reabierto el debate sobre la atención que reciben las víctimas de agresiones sexuales, la rapidez de las investigaciones y los recursos destinados por el Estado a la protección de menores.
Las conclusiones definitivas de la investigación administrativa serán presentadas el próximo 5 de septiembre.
