La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió este domingo al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, al advertir que su entrada en vigor en las próximas semanas podría generar graves trastornos en el sistema de justicia debido a las deficiencias que, según la entidad, aún contiene el texto aprobado.
La organización planteó que el presidente de la República impulse una modificación del artículo 393 de la Ley 74-25 para aplazar la aplicación del nuevo Código y abrir un espacio que permita corregir las inconsistencias detectadas mediante un proceso de consultas y consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, Finjus sostiene que la legislación presenta “ambigüedades, duplicidades e incoherencias” que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal.
La entidad considera que esas deficiencias podrían provocar conflictos interpretativos y vulnerar principios constitucionales esenciales.
Deficiencias del nuevo código
La petición se produce en medio de un creciente debate jurídico sobre la calidad técnica del nuevo Código Penal.
En los últimos días, diversos penalistas, académicos, jueces y organizaciones especializadas han advertido sobre errores de redacción, contradicciones entre artículos, tipos penales superpuestos, vacíos normativos y disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Constitución y con el Código Procesal Penal.
Entre las observaciones más reiteradas figuran la coexistencia de figuras delictivas que sancionan una misma conducta con penas distintas, definiciones consideradas imprecisas que podrían dificultar la labor de fiscales y jueces, así como disposiciones cuya interpretación podría generar inseguridad jurídica.
También se han señalado problemas de técnica legislativa derivados de modificaciones introducidas durante el trámite congresual que no fueron armonizadas con el resto del articulado.
Para Finjus, la solución no pasa por impedir la reforma penal, sino por garantizar que el texto definitivo entre en vigor con la solidez técnica necesaria.
La institución entiende que una extensión del período de vacatio legis permitiría a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, los operadores del sistema penal, el Congreso y los distintos sectores especializados revisar las disposiciones cuestionadas y consensuar las correcciones indispensables antes de su aplicación.
Impacto político y jurídico
La solicitud coloca al Gobierno ante una decisión de alto impacto político y jurídico. Si acoge la propuesta, deberá remitir al Congreso un proyecto de ley limitado a modificar la fecha de entrada en vigencia del Código, preservando el tiempo necesario para revisar su contenido.
Si, por el contrario, el Código entra en vigor sin cambios, las correcciones tendrían que realizarse posteriormente mediante nuevas reformas legislativas, mientras jueces y tribunales comienzan a aplicar un texto que numerosos especialistas consideran técnicamente imperfecto.
Finjus indica que el objetivo es evitar que una reforma llamada a modernizar el derecho penal dominicano nazca rodeada de incertidumbre jurídica.
A su juicio, un breve aplazamiento fortalecería la legitimidad del nuevo Código y contribuiría a que se convierta en un instrumento eficaz para garantizar la seguridad jurídica, el orden democrático y la convivencia pacífica en el país.
Tratamiento de la difamación e injuria
Además de las objeciones de técnica legislativa, el debate se ha intensificado por el tratamiento de la difamación e injuria.
Diversos sectores han advertido que el nuevo Código Penal mantiene una visión punitiva de los llamados delitos de prensa, con penas y sanciones que podrían convertirse en un mecanismo de intimidación contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que ejercen la crítica pública.
El punto más sensible es que la regulación penal de la difamación e injuria entra en tensión con la libertad de expresión y el derecho a la información, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público o de funcionarios sometidos al escrutinio ciudadano.
La preocupación no es la protección del honor, reconocida constitucionalmente, sino el riesgo de que figuras penales ambiguas o desproporcionadas sean utilizadas para castigar investigaciones, opiniones críticas o denuncias formuladas desde la prensa.
Ese debate refuerza la petición de Finjus: ampliar el vacatio legis permitiría revisar no solo errores técnicos, duplicidades e incoherencias, sino también disposiciones de alto impacto democrático, como aquellas que podrían afectar la libertad de prensa.