La reforma planteada a la ley de residuos sólidos ha dividido al sector empresarial: mientras la mayoría de los gremios insiste en que el aumento de las escalas de la contribución especial obligatoria debe responder a criterios técnicos, estudios y procesos de consulta, organizaciones de comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas valoraron los cambios por entender que «corrigen distorsiones» que les afectan.
Con 22 de los 24 votos presentes, el Senado aprobó este martes en una única lectura la reforma a la Ley 225-20 sobre Coprocesamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificada por última vez mediante la Ley 98-25, con los cambios que la Cámara Baja introdujo ayer.
La pieza, revisada en menos de dos semanas, será remitida al Poder Ejecutivo, quien tomará la decisión de revisarla o promulgarla.
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) sostuvo que una reforma de este alcance debe construirse mediante un proceso amplio de consulta y sustentarse en el consenso.
Afirmó que cualquier cambio estructural debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico, además de evaluar objetivamente el impacto económico de las nuevas obligaciones antes de su aprobación.
En la misma línea se pronunciaron la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas), al considerar que no se conocen los estudios técnicos que justifiquen las nuevas escalas de contribución ni la metodología utilizada para establecerlas.
«Preocupa sobremanera que los montos establecidos en el proyecto no evidencien una metodología técnica sustentada en criterios objetivos y verificables», expresó Adavit, que además reiteró, como lo hicieron otros gremios turísticos la semana pasada, el llamado a fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado.
Por su parte, Asibenas advirtió que las reformas de alto impacto económico y regulatorio deben construirse mediante procesos abiertos y participativos.
“Esta reforma incorpore nuevas obligaciones y cargas para el sector productivo en un momento en que la República Dominicana impulsa políticas económicas orientadas a fortalecer el crecimiento económico, estimular la inversión y elevar su competitividad a través del aumento de la carga tributaria de las empresas. Las políticas públicas deben avanzar de manera coherente y no generar señales contradictorias para quienes invierten, producen y generan empleo en el país”, cuestionó.
En tanto, Adozona alertó que las operadoras de zonas francas quedarían en desventaja competitiva porque los nuevos mecanismos de deducibilidad aprobados por el Congreso no producirían el mismo efecto para las empresas acogidas al régimen especial que aplica al sector a través de la Ley 8-90.
Como parte de las nuevas modificaciones a la ley, senadores y diputados han coincidido en puntualizar, de forma expresa, que los pagos a estas contribuciones podrán hacerse un 50 % en junio y el 50 % restante en la fecha límite de cada año.Aunque la normativa vigente no lo establece de esta manera, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió el pasado 26 de junio la resolución No. DDG-AR1-2026-0005, en la que dispuso el fraccionamiento semestral del pago de la contribución especial obligatoria que deben cumplir las empresas según la ley de residuos sólidos “de forma generalizada y automática”.Diario Libre solicitó a Impuestos Internos datos sobre los montos recibidos hasta hoy (último día para la recepción de los pagos), así como el porcentaje de empresas que han cumplido con este compromiso. Su departamento de comunicaciones advirtió que no podían “prometer” una respuesta para esta publicación, pues la información solicitada debe pasar “por diferentes áreas” de la entidad para ser evaluada.
Comerciantes y microempresarios respaldan medidas
A diferencia de otros gremios empresariales, la Federación Dominicana de Comerciantes destacó medidas que consideran beneficiosas para los pequeños negocios, como:
- El fraccionamiento del pago de la contribución en dos partes, con plazos hasta junio y diciembre para pagarlos,
- Su reconocimiento como gasto deducible
- La reducción del aporte máximo para empresas comisionistas, así como la exclusión de microempresas, pequeños fabricantes, productores agrícolas, iglesias y organizaciones sin fines de lucro.
La Federación recordó que en la República Dominicana existen actualmente 74 empresas con volúmenes de ventas entre los 1,000 y los 2,000 millones de pesos anuales y 69 empresas que superan los 2,000 millones de pesos, por lo que entiende que la carga económica derivada de la ley debe «ser proporcional al tamaño y capacidad de cada empresa».
Sin embargo, para la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme),sigue siendo «un error» que se tome como referencia el volumen de ventas para la contribución, y no la capacidad de generación de residuos de cada empresa.
De todos modos, el gremio respaldó las modificaciones a la Ley 98-25, al considerar que «corrige distorsiones» y restablece «principios esenciales de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva».
En representación de los intereses de las micro, pequeñas y medianas empresas, Codopyme solicitó representación en el órgano de gobernanza del Fideicomiso DO Sostenible, la figura público-privada encargada de recibir las contribuciones especiales obligatorias de las empresas para la gestión de los residuos sólidos.