Cinco familias de víctimas demandaron al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, por seis asesinatos extrajudiciales y torturas a manos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), según recoge la acusación presentada ante un tribunal de Nueva York.
Seis personas, protegidas por seudónimos, afirmaron que entre 2017 y 2021, las FAES, bajo el mando de Maduro, ejecutaron a los hijos de cuatro de los y las demandantes y a los hermanos de otra.
Además, las cinco personas demandantes alegan haber sido víctimas de torturas, y tres de ellas ejercen una acción específica por este delito, según detalla la demanda presentada el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn.
Una de ellas, identificada como Jane Doe 2, relató que su hijo murió ahogado por su propia sangre tras ser golpeado brutalmente y disparado por agentes de las FAES.
Otras denuncian brutalidad policial que acaba con el asesinato de varios miembros de la familia y huidas del país en el caso del resto.
Todos los testimonios acusan a las FAES de alterar la escena del crimen y en algún caso revelan que la fiscalía confesó tener orden de no investigar a este cuerpo.
Esta unidad de la fuerzas venezolanas fue un comando de élite de la Policía Nacional Bolivariana que fue disuelto en 2022, pero aparentemente fue reintegrado en otra dirección.
La ONU ha documentado ejecuciones extrajudiciales
Informes de la ONU y otras organizaciones han documentado otras presuntas ejecuciones extrajudiciales y represión política por su parte.
En la demanda, responsabilizan a las FAES de al menos 1.300 muertes hasta 2020 y establecen una relación directa entre los asesinatos y el entonces presidente, como «jefe de las fuerzas de seguridad«.
Las familias cargan contra la estructura del Estado venezolano y aseguran que no es seguro para ellas acudir a los tribunales de su país. Por ello, invocan una ley federal de 1991 que permite a víctimas de torturas y ejecuciones presentar demandas en tribunales federales de Estados Unidos.
Maduro, y su esposa Cilia Flores, se encuentran en medio de un juicio en el tribunal de Manhattan por cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y armas y posesión de armas.
Mientras tanto, ambos permanecen en un centro de detención de Brooklyn.