Por Narciso Acevedo

El reciente y bochornoso episodio ocurrido en el despacho del comando regional de la Policía Nacional no es un hecho aislado; es el síntoma más visible de una enfermedad que viene carcomiendo el ejercicio de la comunicación en San Francisco de Macorís: la alarmante pérdida de ética, el irrespeto a las leyes y una preocupante arrabalización del oficio.

​Duele ver cómo el legítimo derecho a la información y la sagrada defensa de la libertad de expresión , batallas históricas de la prensa francomacorisana,hoy son utilizados como un escudo de impunidad por personas que confunden tener un teléfono celular y una cuenta en redes sociales con ser profesionales de la información.

​El debate ya no es si las autoridades intentan imponer una «ley mordaza»; el verdadero problema radica en la ligereza con la que se violan principios fundamentales como la presunción de inocencia, exponiendo a detenidos al escarnio público por puro morbo o la caza de un like.

Peor aún es ver que, al intentar buscar soluciones, el escenario de diálogo se transforme en una «gallera», un espectáculo de acusaciones mutuas que solo provoca vergüenza ajena como el ocurrido la tarde del miércoles en el despacho del propio director del comando regional Nordeste hecho como ese destruye la credibilidad del sector.

​Frente a esta situación, el propio general de brigada Julio César Acosta Félix se ha pronunciado en varias ocasiones de manera sensata tras el incidente, manifestando con claridad que su misión en esta ciudad no es venir a enfrentar a ningún sector, sino a trabajar arduamente por el bienestar de todos los ciudadanos.

Sin embargo, el alto oficial ha sido enfático en un punto clave: para lograr una convivencia armónica y un trabajo eficiente, es estrictamente necesario reconocer y mantener el respeto hacia los demás y hacia los procedimientos legales.

​Ante esta realidad, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) no pueden seguir siendo espectadores pasivos ni limitarse a emitir comunicados solidarios automáticos.

​Un llamado urgente a la acción gremial:

​Depurar y regularizar:

Es imperativo trazar una línea clara entre el periodista comprometido con la verdad y el enganchado que busca el chantaje o la viralidad sin filtros éticos.

​Fiscalizar el ejercicio: Los gremios deben asumir un rol activo en la educación y en la exigencia del cumplimiento de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, recordando que los derechos conllevan deberes.

​Dignificar la profesión: Dejar pasar este desorden es permitir que se desacredite el trabajo de quienes sí se han preparado y ejercen con dignidad en la provincia Duarte.

No estoy de acuerdo con la actitud en contra de los comunicadores que la semana pasada fueron humillados condenó ese suceso, pero llegaron las excusas y nos toca a nosotros todos buscar el porque suceden ese tipo de acontecimientos negativos para » comunicadores» y autoridades, es la hora de una reflexión sería entre nosotros mismos.

​Para exigir respeto, primero hay que respetar las leyes y la dignidad ajena.

Si las autoridades muestran apertura al diálogo y clarifican que su meta es el bien común, las instituciones que agrupan a los comunicadores locales tienen la obligación histórica de responder con la misma altura: «ponerle el cascabel al gato», sanear el patio y frenar un relajo que actualmente impera y amenaza con sepultar al verdadero periodismo.