El Senado de la República aprobó casi a la medianoche de este miércoles con modificaciones y en primera lectura el Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica núm. 590-16, sobre la Policía Nacional.
A las 11:43 de la noche y luego de más de cinco horas de lectura íntegra de sus 315 artículos, la pieza contó con la aprobación de 24 legisladores de 27 presentes.
Aunque la iniciativa no estaba prevista en el orden del día se incluyó luego de obtener la mayoría de votos y un informe favorable por parte de la comisión asignada.
- La aprobación surge en medio del pronunciamiento de diversos sectores que condenan el uso abusivo de la fuerza de parte de agentes policiales.
El informe fue leído por el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, quien sostuvo que la propuesta de ley establece tres categorías en la Policía.
División por categoría
La división estaría enfocada en Directiva, Intermedia y Agente Patrullero.
Explicó que el proyecto incorpora nuevas adecuaciones en el patrullaje policial y fortalece la formación académica de los policías con especial énfasis en el respeto de los derechos fundamentales de lo ciudadanos sin descuidar la eficiencia y cumplimiento de la misión policial
“Resulta necesario establecer desde un fundamento legal un nuevo modelo de servicio público de policía que reafirme su carácter esencial de responsabilidad exclusiva del Estado dominicano”, dijo al leer el informe.
Además, la pieza indica que se dispondrá de nuevas instancias que ejecuten la coordinación con las demás instituciones para fortalecer su eficacia.
Sugiere nuevas modificaciones en los artículos: 21, 23, 33, 36, 89, 145, 147, 155, 157, 185, 220, 227, 230, 231, 234, 236, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 275, 276, 277, 278, 283, 285, 287, 291, 299, 308, 309, 315 de la Ley Orgánica.
Además propone la eliminación de los artículos números 146, 312, 313 y 314. Además, el numeral 18 del artículo 315.
La pieza establece que todo el personal de carrera policial debe garantizar durante la prestación del servicio público de policía un trato acorde con la naturaleza humana, sin distinción alguna, ejerciendo la autoridad con respeto, proporcionalidad y humanidad, aun en situaciones de tensión o conflicto.
Asimismo, actuar de manera inmediata, ágil y sin dilaciones cumpliendo estrictamente los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos, a fin de proteger a la persona contra cualquier manifestación delictiva, contravencional comportamental.
Además, todo miembro de carrera policial tiene la imperiosa obligación de guardar absoluta confidencialidad, respecto a todas las informaciones que conozca.
Indica que el ingreso, la permanencia, la formación, la capacitación, los ascensos y los reconocimientos de los miembros de la Policía se regirán por criterios objetivos de capacidad, preparación académica, trayectoria profesional, conducta ética y desempeño comprobado en el servicio, quedando excluido todo tipo de favoritismo, discrecionalidad o injerencia externa.
Sobre las modificaciones
Entre las modificaciones se encuentra la reforma del artículo 145, que establece la prohibición general de que miembros de la Policía Nacional sean destacados, asignados o presten servicios permanentes o regulares a personas privadas, empresas, corporaciones o fundaciones.
Asimismo, se elimina el artículo 146 y se reenumera la normativa posterior. El nuevo artículo 146 regula la prestación de servicios policiales en instituciones públicas, permitiendo que agentes sean asignados a labores de vigilancia, custodia, recepción o seguridad interna en ministerios, entidades autónomas, descentralizadas, empresas públicas y otras dependencias del Estado.
- Estas asignaciones deberán ser solicitadas formalmente por la institución interesada al director general de la Policía Nacional, quien deberá mantener un registro actualizado para fines de auditoría y fiscalización.
La propuesta también incorpora como nuevo artículo el 147, sobre las sanciones por uso irregular de personal policial, estableciendo consecuencias disciplinarias y posibles investigaciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que ordenen, permitan o mantengan agentes en funciones ajenas a la seguridad pública.
Otro de los cambios relevantes modifica el artículo 155 sobre técnicas de actividad policial. La reforma regula los registros personales y de vehículos, autorizándolos únicamente para prevenir riesgos a la convivencia y seguridad ciudadana, localizar armas, objetos robados o sustancias prohibidas, así como garantizar la seguridad en actividades públicas.
El nuevo esquema establece que los registros deben respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Además, dispone el uso de herramientas tecnológicas como detectores de metales y unidades caninas, obliga a mantener encendidas las cámaras corporales durante los procedimientos y permite que los ciudadanos graben la actuación policial.
También prohíbe registros basados en prejuicios o perfiles relacionados con raza, origen étnico, apariencia o identidad de género, y limita cualquier uso de la fuerza a situaciones estrictamente necesarias y proporcionales.
La modificación incluye requisitos adicionales para los procedimientos nocturnos, que deberán ser reportados antes y después de su ejecución, y ordena a la Dirección de Talento Humano fortalecer la capacitación policial en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y atención al ciudadano.
En cuanto al porte de armas, la reforma del artículo 157 establece que las armas propiedad de la Policía Nacional solo podrán ser utilizadas por miembros de la institución, policías con derecho adquirido a pensión y representantes de los poderes del Estado y órganos extrapoderes, previa solicitud formal y autorización correspondiente.
También se modifica el artículo 227 para ampliar y precisar las faltas disciplinarias muy graves. Entre estas se incluyen el uso excesivo de la fuerza, la utilización de armas no asignadas, facilitar fugas de detenidos, realizar actividades ajenas a la función policial durante el servicio, cometer actos partidistas, intervenir irregularmente en procesos de ingreso o ascenso dentro de la institución y participar en actividades vinculadas con contrataciones estatales incompatibles con la función policial.
Finalmente, la reforma al artículo 231 redefine las sanciones disciplinarias. Las faltas muy graves de primer grado serán castigadas con destitución; las de segundo grado podrán generar suspensiones sin disfrute de sueldo de 61 a 120 días; las faltas graves contemplarán descuentos salariales de 15 a 60 días; y las leves, descuentos de 5 a 15 días de salario básico diario.
Desvinculación y suspensión
La reforma policial en el artículo siete establece una nueva causal de desvinculación para los agentes que sean sancionados disciplinariamente tres o más veces por faltas muy graves en un período de cinco años.
La medida implica la salida definitiva de la institución y la imposibilidad de volver a pertenecer a la Policía Nacional.
La disposición mantiene el retiro forzoso para quienes cumplan los requisitos de pensión, mientras que aquellos que no los reúnan recibirán los derechos prestacionales correspondientes.
- El cambio introduce un criterio más específico de reincidencia frente al régimen vigente, al fijar un número determinado de sanciones y un período de tiempo para aplicar la desvinculación.
Además, modifica el régimen de desvinculación al establecer una figura distinta al retiro contemplado en la Ley 590-16.
Mientras la legislación vigente regula principalmente la situación de retiro como el cese del servicio activo mediante decisión del Poder Ejecutivo, incluyendo modalidades como retiro voluntario, forzoso, por antigüedad y discapacidad, la propuesta amplía el concepto de desvinculación y define los procedimientos según el nivel jerárquico del agente.
El nuevo proyecto dispone que los oficiales serán desvinculados mediante decreto del Poder Ejecutivo, mientras que los mandos intermedios y agentes patrulleros podrán ser separados mediante resolución del director general de la Policía Nacional, previa recomendación de la junta correspondiente. Además, incorpora la desvinculación por interés personal, permitiendo que cualquier miembro de la carrera policial solicite su salida del servicio activo en cualquier momento.
Uso de la fuerza
El capítulo III en su artículo 149 sobre uso de la fuerza detalla que el uso de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional será justificado y legítimo únicamente cuando se realice en cumplimiento del deber constitucional y legal, ante situaciones como la prevención de delitos, el cumplimiento de órdenes judiciales, la protección de la vida e integridad propia o de terceros, la captura en flagrancia y la intervención en manifestaciones públicas no pacíficas.
En contraste con la normativa vigente, la reforma mantiene el principio de que la fuerza debe aplicarse de manera proporcional, utilizando solo los medios autorizados por la ley y escogiendo aquellos que causen el menor daño posible a las personas y sus bienes.
La pieza reafirma la obligación policial de brindar asistencia cuando exista una amenaza contra la vida, la libertad o la propiedad, y establece mayores exigencias de reporte.
La pieza regula además el uso de armas letales, conducencia para procedimiento policial, equipamiento para el uso de la fuerza, ascensos póstumos, sistema de denuncias, entre otros.
AFP Policial
Otro aspecto relevante es que la pieza crea en el artículo 204 el Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN),que deberá iniciar su funcionamiento en un plazo no mayor de seis meses luego de promulgación de la ley.
Se recuerda que el pasado viernes en la tarde falleció el joven Darlin Enmanuel Mercado tras un agente de la Policía dispararle a “quema ropa” en un hecho registrado en en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.
- Por el hecho familiares de la víctima y el sector realizaron manifestaciones y quema de neumáticos en demanda de justicia contra el cabo José Francisco Moreta, a quien le fueron impuestos 12 meses de prisión preventiva.
Tras ese caso y otros en que la PN hace uso inadecuado de la fuerza distintos sectores indicaron descontento y el propio presidente Luis Abinader condenó el suceso y calificó al imputado como “un animal”.
Además la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que la ejecución de Darlin fue “un abuso inaceptable”.
En tanto que la Cámara alta dedicó un minuto de silencio por la muerte de Darlin.