Las juristas Katia Miguelina Jiménez y Vanahi Bello Dotel depositaron al Congreso una propuesta de reforma al nuevo Código Penal, en materia de violencia doméstica y en la cual destaca la inclusión de la violencia vicaria, una forma de maltrato que instrumentaliza a los seres queridos para dañar a la mujer.
La iniciativa fue recibida por la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados y remitida a su presidente, Alfredo Pacheco Osoria.
La propuesta procura corregir lo que las juristas califican como una involución normativa introducida por el artículo 127 del Código Penal vigente, el cual sustituyó el concepto de «género» por «sexo» y eliminó a la mujer como sujeto pasivo específico del delito de violencia de género.
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Asimismo, identifica vacíos en el artículo 124, entre ellos la ausencia de una definición legal de violencia física, pese a que dicha conducta es sancionada por la propia norma, así como una excepción de responsabilidad penal relacionada con la disciplina de niños, niñas y adolescentes.
Entre las principales modificaciones propuestas se encuentran la incorporación de definiciones legales de género, violencia de género contra la mujer, violencia vicaria y violencia digital; la tipificación autónoma de la violencia vicaria, y la derogación del párrafo IV del artículo 124.
Katia Miguelina Jiménez Martínez es exjueza Tribunal Constitucional, y Vanahi Bello Dotel, es ex primera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral (2020-2024).
Ambas fundamentan su iniciativa de reforma a la Ley 74-25, programado para entrar en vigencia el 3 de agosto, en la Constitución de la República y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
Asimismo sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, sostienen que la propuesta constituye una corrección técnica destinada a fortalecer la constitucionalidad y la convencionalidad del Código Penal, y no una iniciativa de carácter ideológico.
La propuesta fue depositada durante la actual legislatura, cuyo período ordinario concluye el 26 de julio de 2026.