El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil determinó que las plataformas digitales y redes sociales tendrán plazo hasta el 16 de agosto para presentar sus planes de cara a las elecciones generales de 2026, detallando medidas de prevención contra la desinformación y el uso malintencionado de inteligencia artificial, informaron este jueves fuentes oficiales.
La medida, oficializada por el presidente de la corte, el juez Kassio Nunes Marques, y publicada este jueves en el Boletín Digital de Justicia, establece los procedimientos para que las empresas detallen cómo prevendrán y mitigarán los riesgos a la integridad del proceso electoral.
La normativa alcanza a todos los proveedores de internet que permitan la publicación, el intercambio, la recomendación, el impulso o la monetización de contenido político-electoral. Esto incluye aplicaciones de mensajería con canales públicos y herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa.
La norma toma en cuenta números de usuarios activos
Como regla general, la obligación aplica a las plataformas que superen los 5 millones de usuarios activos mensuales en Brasil. No obstante, el TSE se reserva el derecho de exigir un plan simplificado a empresas más pequeñas cuya funcionalidad tenga un impacto significativo en el debate político.
Según el máximo tribunal electoral, los planes de las plataformas deberán especificar cómo se estructurarán para acatar las órdenes judiciales que exijan la remoción de contenidos, suspensión de perfiles o interrupción de propaganda irregular.
Las empresas también deberán detallar las acciones de moderación que tomarán por iniciativa propia para frenar la circulación de contenidos «notoriamente inauténticos o gravemente descontextualizados», así como sus estrategias para desarticular redes de comportamiento coordinado que alimenten contenidos de este tipo.
En el ámbito de la IA generativa, las plataformas deberán demostrar que cuentan con salvaguardas para impedir la generación de contenidos que favorezcan candidaturas y partidos, que emitan recomendaciones de voto, o que generen material sexual no consentido (conocido como ‘deepfake’ pornográfico) que involucre a candidatos.
El reglamento también obliga a las empresas a cumplir con las normas vigentes de transparencia en publicidad política pagada: deberán identificar a los anunciantes, mantener bibliotecas de anuncios públicos, facilitar canales de denuncia e informar si los contenidos impulsados fueron creados mediante inteligencia artificial.
A lo largo del proceso electoral, los proveedores deberán comunicar en un plazo máximo de tres días a la Presidencia del TSE cualquier riesgo extraordinario, inédito o de gran escala que amenace la integridad de las elecciones.
El TSE aseguró que parte de la información será de acceso público para fomentar el control social.
Acuerdos con varias plataformas
Este lunes, la Justicia electoral de Brasil formalizó además acuerdos de cooperación con varias plataformas digitales para reforzar la lucha contra la desinformació, de cara a las elecciones de octubre, entre ellas Facebook, Instagram, Threads, Whatsapp, Google y Kwai.
En ese acuerdo, las plataformas se comprometieron a difundir información oficial sobre el proceso electoral y agilizar la detección de contenidos «potencialmente ilícitos» relacionados con los comicios.
- El escrutinio de las autoridades electorales sobre el ecosistema digital se ha intensificado a raíz de los comicios de 2018, que llevaron a la Presidencia del país al ultraderechista Jair Bolsonaro.
El exmandatario purga actualmente una pena de 27 años de prisión por intentar orquestar un golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras perder la contienda de 2022, en la que aspiraba a la reelección.
La figura de la oposición pasa ahora a manos de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, perfilado como el principal contendiente frente a un Lula que buscará un cuarto mandato no consecutivo.