La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, negó este jueves que el Ministerio Público haya alcanzado un acuerdo con el exdirector ejecutivo del Senasa, Santiago Hazim, o con los demás imputados en el proceso por presunta corrupción administrativa.
“En este momento el Ministerio Público no puede afirmar que tiene ningún tipo de acuerdo porque no existen tales acuerdos”, aclaró Ortiz al ser abordada por los periodistas sobre una eventual negociación entre el órgano acusador y los procesados.
La procuradora explicó que la política institucional del Ministerio Público favorece la figura de los acuerdos, por lo que no descartó que estos puedan producirse más adelante si las circunstancias del proceso lo permiten.
“Todos conocen que somos proacuerdos y no negamos la posibilidad de que, en un futuro, si se dieran las condiciones, pudieran existir esos acuerdos. En este momento no existen”, enfatizó.
Revisión de la medida de coerción
Respecto al desarrollo de la revisión de la medida de coerción, la representante del órgano persecutor indicó que el tribunal aplazó la audiencia tras acoger un planteamiento de la defensa que fue considerado una cuestión de derechos.
Según explicó, la postergación permitirá que las partes comparezcan a la próxima audiencia con los presupuestos que sustenten sus posiciones.
“La audiencia se aplazó a los fines de que para una próxima audiencia ellos puedan tener los presupuestos y presentarlos a esta audiencia de revisión, que lo que procura es ver si han variado o no los presupuestos iniciales por los cuales se impuso la medida de coerción”, manifestó.
La revisión obligatoria de la prisión preventiva tiene como objetivo determinar si permanecen las circunstancias que justificaron la imposición de esa medida cautelar o si existen elementos nuevos que permitan modificarla.
El Código Procesal Penal dispone que este examen debe realizarse periódicamente cuando un imputado guarda prisión preventiva.
Proceso de corrupción en Senasa
El proceso involucra a Hazim y otros imputados señalados por el Ministerio Público de integrar un presunto entramado de corrupción que habría provocado un perjuicio económico superior a los RD$15,900 millones en el Seguro Nacional de Salud.
Entre las imputaciones figuran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
En la revisión obligatoria anterior, celebrada el 30 de abril, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, decidió mantener la prisión preventiva al considerar que no habían variado los presupuestos que motivaron la imposición de la medida y fijó para este 30 de julio una nueva revisión.