Pese a los reiterados anuncios del Gobierno de medidas adoptadas para promover la austeridad, en contraste, los legisladores buscan aumentar el tamaño del Estado creando nuevas instituciones. En el Congreso reposan más de 30 proyectos de ley que proponen la creación de ministerios, institutos, direcciones, superintendencias y corporaciones, entre otros.
La cantidad de iniciativas fue constatada tras una revisión del Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado, donde figuran propuestas que abarcan desde organismos para sectores productivos hasta nuevas entidades regulatorias y ministerios especializados.
El contraste se produce en momentos en que el Poder Ejecutivo impulsa un proceso de reforma administrativa con el objetivo de disminuir el tamaño del aparato estatal, eliminar duplicidades y hacer más eficiente el gasto público.
Las propuestas
Entre las iniciativas depositadas en el Congreso figuran proyectos para crear la Dirección Nacional de Bomberos; una Superintendencia de Bomberos; una Superintendencia Nacional de Mantenimiento Vial; una Superintendencia de Condominios; una Dirección Nacional de Inspección y Evaluación de Infraestructura Pública y Privada; una Dirección General de Artesanía y Artes Plásticas; la Dirección de Integración Social en los Ayuntamientos y una Dirección General de Cooperativas.
También se proponen nuevos ministerios, entre ellos un Ministerio del Hombre, un Ministerio de la Familia, un Ministerio de Frontera, el Ministerio de Transporte y un Ministerio de Protección y Asistencia Social.
En materia de institutos, los proyectos contemplan la creación del Instituto Nacional Apícola, el Instituto Regional de Desarrollo Integral del Este, el Instituto Nacional de Relaciones Bilaterales entre República Dominicana y Haití, el Instituto Dominicano de las Leguminosas, el Instituto del Banano, el Instituto Dominicano del Casabe, el Instituto Nacional de la Semilla, el Instituto Superior de Formación Electoral y del Estado Civil, el Instituto de Previsión Social de la Municipalidad Dominicana y el Instituto Nacional de Enfermedades Oncológicas, Catastróficas y de Alto Costo.
La lista también incluye el Consejo Nacional de Desarrollo del Turismo de Salud, un Banco de Fomento al Desarrollo Fronterizo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monte Plata y una Dirección General de Juegos de Azar, entre otras entidades.
Los proponentes
Las iniciativas han sido sometidas por legisladores de distintas organizaciones políticas.
Entre los diputados aparecen José del Carmen Montero, Bolívar Valera, Luis Gómez Benzo, Jorge Zorrilla, Tobías Crespo, Willy Sánchez, Altagracia de los Santos, Elías Wessin Chávez, Alcibíades Tavárez, Román de Jesús, Lidia Esther Pérez y Luis Castillo, junto a otros congresistas.
En el Senado figuran proyectos impulsados por Félix Bautista, Antonio Marte, Daniel Rivera, Julito Fulcar y Rafael Barón Duluc.
La política de austeridad
El impulso de estas iniciativas choca con el discurso del Gobierno de reducir el tamaño del Estado.
Al presentar la segunda etapa de la reforma administrativa, el presidente Luis Abinader sostuvo que la reorganización busca eliminar duplicidades, hacer más eficiente la administración pública y generar ahorros mediante la unificación o supresión de entidades estatales.
Entre los ejemplos citó las fusiones de la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, y la eliminación del Consejo Estatal del Azucar y del Despacho de la Primera Dama.
En septiembre de 2024, Abinader presentó junto al Ministerio de Administración Pública un plan de reestructuración de la administración pública bajo el lema «Menos gastos, más eficiencia«, mediante el cual planteó la unificación de ministerios y otras instituciones, alegando que existen funciones duplicadas dentro del Estado.
Ese proceso dio continuidad a la reforma iniciada en 2021 con el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, creado mediante el decreto 149-21, cuyo propósito es reorganizar las instituciones estatales y mejorar la eficiencia del gasto público.
Aunque todas las propuestas están bajo los estudios de distintas comisiones congresuales, cualquier institución contemplada en los proyectos legislativos solo podría ser creada si ambas cámaras aprueban las iniciativas y estas son promulgadas por el Poder Ejecutivo.