La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó este martes su preocupación por recientes casos que, a su juicio, evidencian graves deficiencias en el sistema de justicia penal dominicano y comprometen derechos fundamentales amparados por la Constitución.

En una nota de prensa, la entidad citó el caso de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva -desde 2006 hasta 2026- sin recibir una sentencia definitiva, hasta que una intervención de la Defensoría Pública logró su liberación.

Asimismo, Finjus recordó el caso de 13 personas que permanecieron detenidas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez, y que recuperaron su libertad mediante una acción de hábeas corpus.

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Garantías constitucionales

Para la institución, estos episodios reflejan la lentitud de los procesos judiciales, la falta de seguimiento de los expedientes y el riesgo de que la prisión preventiva termine convirtiéndose en una pena anticipada, en violación de las garantías constitucionales.

• Finjus sostuvo que la seguridad ciudadana exige respuestas firmes frente al delito, pero advirtió que el ejercicio del poder punitivo del Estado debe mantenerse dentro de los límites que imponen la Constitución, la ley, la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso.

Llamado a autoridades

De igual forma, reiteró que la libertad constituye la regla y que cualquier restricción debe estar sujeta a controles estrictos.

En ese sentido, enfatizó que la detención en destacamentos policiales, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son figuras jurídicas distintas que no pueden recibir el mismo tratamiento, y recordó que toda persona detenida conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a que su situación sea revisada dentro de los plazos legales.

Finjus instó a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades penitenciarias a garantizar que ninguna persona permanezca privada de libertad por ineficiencias, dilaciones o falta de coordinación institucional, al considerar que esas fallas lesionan directamente el Estado de derecho.