Primero lo contactaron para que participara en el crimen. Se negó. Después contó lo que sabía.
El 9 de marzo de 2025, una ráfaga de disparos interrumpió la noche en WhatsApp Drink, un establecimiento de bebidas del barrio Capotillo, en el Distrito Nacional. El ataque dejó dos personas heridas y abrió una investigación que terminaría apoyándose en el testimonio de un joven que, según la sentencia, había rechazado participar en el plan.
La noche parecía transcurrir con normalidad hasta que, alrededor de las 10:30, se produjo un apagón. Cuando la propietaria regresaba de encender la planta eléctrica, dos hombres encapuchados salieron de un callejón y comenzaron a disparar contra el negocio.
Según concluyó el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se trató de un intento de sicariato planificado desde un centro penitenciario y ejecutado por personas contratadas para matar a María Teresa Núñez, propietaria del establecimiento.
Por el hecho fueron condenados a 30 años de prisión Ángel Gabriel Aquino Acevedo y Juan Manuel Méndez Pérez, declarados culpables de asociación de malhechores, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Ambos deberán cumplir la pena en los centros penitenciarios donde permanecían bajo prisión preventiva.
Dispararon incluso después de verla caer
La reconstrucción presentada durante el juicio indica que Núñez se lanzó al suelo para protegerse, pero los atacantes continuaron disparando. En medio de la balacera resultaron heridos Salvador Emilio Carvajal y un adolescente, de 16 años. El tribunal dispuso el pago de una indemnización de cinco millones de pesos en favor de ambos.
En la escena fueron recogidos 13 casquillos. Nueve resultaron compatibles con el arma presentada como evidencia durante el juicio. Los videos también mostraron a dos atacantes vestidos con abrigos con capuchas verde y negra.
El testigo clave
La declaración del testigo, identificado por sus iniciales W.F.V., se convirtió en una de las piezas utilizadas para condenar a 30 años de prisión.
- Dijo que se habría negado a participar y relató en una entrevista realizada mediante Cámara Gesell que los procesados habían sido contratados y pagados por terceros desde una cárcel para ejecutar el atentado.
- También aseguró que él rechazó integrarse al plan después de ser contactado. El tribunal otorgó validez a esa declaración y la examinó junto con videos, testimonios y evidencias balísticas.
El relato permitió mirar más allá de los hombres que supuestamente apretaron el gatillo: colocó detrás del ataque a una persona privada de libertad que habría coordinado el crimen sin salir de prisión.
Sin embargo, las autoridades no han revelado la identidad del presunto autor intelectual ni explican el motivo por el que se ordenó matar a la mujer.
Trifulca en el Palacio de Justicia
La versión del testigo también provocó una batalla dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Durante una audiencia previa al fallo, familiares de los procesados se enfrentaron con agentes policiales que intentaban retirar del lugar al testigo menor de edad, identificado en distintos reportes como el testigo entrevistado en Cámara Gesell.
El incidente obligó a reforzar la seguridad y llevó a otros testigos a permanecer resguardados por temor a salir del área protegida.
La versión de un conflicto mayor
Tras la sentencia, un familiar de uno de los condenados ofreció otra lectura: sostuvo que el atentado no fue un hecho aislado ni un simple encargo contra la propietaria del negocio, sino un episodio dentro de un conflicto más amplio entre bandas de Capotillo.
- La afirmación cambia el posible móvil, pero no aparece acreditada en los detalles de la sentencia divulgados hasta ahora. Tampoco se han presentado públicamente pruebas que permitan establecer qué grupos estarían enfrentados, cuál sería el origen de la disputa o qué relación tendrían con la víctima y los condenados.
El señalamiento, sin embargo, surge en un sector donde las autoridades han documentado otros episodios de violencia entre grupos rivales. En febrero de 2025, un adolescente de 16 años murió y otras tres personas resultaron heridas durante lo que la Policía definió como un enfrentamiento a tiros entre dos grupos en Capotillo.
Además de la declaración en Cámara Gesell, las juezas valoraron grabaciones que mostraban a dos atacantes con abrigos y capuchas, la identificación realizada por la víctima y el hallazgo de 13 casquillos en la escena. Nueve de ellos habrían resultado compatibles con el arma presentada como evidencia.
El fallo resolvió la responsabilidad penal de los dos acusados, pero no despejó todas las sombras del caso. Todavía falta conocer quién habría impartido la orden desde prisión, qué motivó el ataque y si, como denuncia la familia, el tiroteo fue apenas un capítulo visible de una confrontación criminal más extensa en Capotillo.


