La decisión del Consejo Constitucional francés amplía el grupo de países que permiten alguna modalidad de ayuda médica para morir, aunque las legislaciones difieren considerablemente en requisitos, procedimientos y alcance.
Francia dio este viernes un paso decisivo hacia la aplicación del derecho a la muerte asistida después de que el Consejo Constitucional, máxima autoridad encargada de velar por la constitucionalidad de las leyes, validara la legislación aprobada definitivamente por el Parlamento el pasado 15 de julio.
La decisión coloca a Francia dentro de un grupo todavía reducido, aunque creciente, de países que han regulado la eutanasia, el suicidio médicamente asistido o alguna modalidad de ayuda médica para morir. Entre ellos figuran España, Bélgica, Países Bajos, Canadá y Colombia, mientras otros, como Suiza, permiten específicamente el suicidio asistido bajo determinadas condiciones.
Las diferencias jurídicas son importantes. Eutanasia suele referirse al procedimiento en el que un profesional sanitario administra el medicamento que provoca la muerte a petición del paciente.
En el suicidio médicamente asistido, en cambio, el profesional facilita los medios, pero es la propia persona quien realiza el acto final. Algunas legislaciones utilizan expresiones más amplias, como «ayuda médica para morir«, que pueden comprender ambas modalidades.
Francia cruza la última barrera
La ley francesa había superado una larga y compleja discusión política. El Parlamento aprobó definitivamente en julio el derecho a la «ayuda a morir», después de sucesivas votaciones y del rechazo del Senado.
El texto está dirigido a personas que cumplan simultáneamente una serie de condiciones vinculadas a una enfermedad grave e incurable y al sufrimiento que esta provoca.
La intervención del Consejo Constitucional era una de las últimas barreras antes de la aplicación de la legislación. El organismo había recibido varias impugnaciones, entre ellas cuestionamientos relacionados con las garantías para las personas vulnerables y la posibilidad de que instituciones sanitarias se opusieran a practicar estos procedimientos.
Con la decisión emitida este 14 de agosto de 2026, Francia avanza hacia un modelo que se aproxima al de otros países europeos, aunque con sus propias salvaguardas y requisitos.
España, cinco años de experiencia
España legalizó la eutanasia mediante la Ley Orgánica 3/2021, que entró en vigor el 25 de junio de ese año. La legislación reconoce como un derecho la prestación de ayuda para morir para las personas que cumplan las condiciones establecidas y la incorporó a los servicios financiados públicamente por el Sistema Nacional de Salud.
Los datos muestran que el procedimiento se ha ido incorporando progresivamente al sistema sanitario español. Durante 2025 se realizaron 565 prestaciones de ayuda para morir, equivalentes al 0.13 % de las muertes registradas en el país.
Desde la entrada en vigor de la ley hasta mediados de 2026, 1,668 personas habían ejercido este derecho y se habían presentado 3,716 solicitudes.
Países Bajos y Bélgica, pioneros europeos
Países Bajos cuenta con uno de los sistemas más antiguos y conocidos. La eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados como delitos, pero un médico queda exento de responsabilidad penal cuando cumple estrictamente los seis criterios de diligencia establecidos por la legislación.
Entre ellos están comprobar que la solicitud sea voluntaria y meditada, que exista un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejoría, informar al paciente sobre su situación, establecer que no existe una alternativa razonable y consultar al menos a otro médico independiente.
Bélgica también dispone de una legislación específica. Allí la eutanasia consiste en que un médico ponga intencionalmente fin a la vida de una persona a petición de esta.
La solicitud debe ser voluntaria, reflexionada y reiterada, sin presiones externas, y el paciente debe encontrarse en una situación médica sin salida debido a una enfermedad grave e incurable que le provoque sufrimiento constante, insoportable y que no pueda ser aliviado.
Canadá, un modelo más amplio
Canadá permite desde 2016 la asistencia médica para morir, conocida por las siglas MAID. El sistema exige que la persona tenga al menos 18 años, capacidad para tomar decisiones sobre su salud, presente voluntariamente la solicitud, otorgue consentimiento informado y padezca una condición médica grave e irremediable.
Una diferencia importante es que la legislación canadiense ya no exige que la muerte natural del paciente sea razonablemente previsible. Sin embargo, las personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental permanecen excluidas del procedimiento hasta, al menos, el 17 de marzo de 2027.
Colombia, la excepción latinoamericana
En América Latina, Colombia ha desarrollado el derecho a morir dignamente principalmente a través de decisiones de la Corte Constitucional. La jurisprudencia colombiana reconoce el acceso a la eutanasia bajo determinados requisitos y ha obligado a las instituciones sanitarias a establecer mecanismos que permitan hacer efectivo ese derecho.
La Corte Constitucional continuaba examinando casos relacionados con el acceso a la eutanasia en 2025, reiterando tanto los requisitos para la viabilidad del procedimiento como su consideración dentro del derecho fundamental a morir dignamente.
El modelo colombiano resulta singular porque buena parte del desarrollo del derecho no nació inicialmente de una ley aprobada por el Congreso, sino de decisiones sucesivas de la justicia constitucional.
Suiza, un modelo diferente
Suiza representa otro caso particular. Su sistema es conocido fundamentalmente por permitir el suicidio asistido, una figura distinta de la eutanasia activa.
En este modelo, la persona que desea morir debe ejecutar por sí misma el acto que conduce a la muerte, mientras la asistencia de terceros está sometida a las disposiciones del derecho penal y sanitario.
Portugal, por su parte, aprobó en 2023 una ley para regular las condiciones en las que la muerte médicamente asistida no sería castigada penalmente. Sin embargo, su puesta en marcha ha recorrido un complicado camino constitucional.
En 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias disposiciones de esa legislación, manteniendo abierto el proceso para establecer un marco plenamente aplicable.
La decisión francesa vuelve así a situar el debate sobre el final de la vida en el centro de Europa. Lo que hace apenas unas décadas era una excepción limitada a unos pocos países se ha convertido progresivamente en una cuestión legislativa y constitucional en distintas regiones del mundo.
El punto común entre los modelos existentes es la exigencia de controles destinados a garantizar que la decisión sea libre e informada.
Pero no existe un único modelo internacional: algunos países permiten la eutanasia y el suicidio asistido, otros únicamente una de estas prácticas, y las condiciones relacionadas con enfermedad terminal, sufrimiento irreversible, capacidad del paciente, edad y participación del médico cambian considerablemente de una legislación a otra.
