Un tribunal unipersonal de San Cristóbal declaró inocente a la familia propietaria de la empresa Vidal Plast, acusada de la explosión en San Cristóbal que dejó un saldo de al menos 38 muertos y decenas de lesionados el 14 de agosto del 2023.
Los descargados son Edward Armando Vidal Garrido, su esposa Maribel Sandoval Almánzar, y su hija Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como a la empresa Vidal Plast SRL, donde, según el Ministerio Público, se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro.
El órgano acusador los imputó de homicidio involuntario por la “torpeza”, “imprudencia” y la “inobservancia” de los reglamentos previstos para las actividades comerciales en el almacenamiento de plásticos, de salud y medioambientales.
El fallo, del tribunal unipersonal y presidido por la jueza Wilma Cuello, se leerá de manera íntegra el 7 de septiembre.
Los parientes de las víctimas se manifestaron recientemente demandando justicia.
Descargados incluso de responsabilidad civil
Según el abogado Teobaldo Durán, representante de la familia y la empresa, la magistrada absolvió también en la parte civil a los imputados, debido a que los parientes de los fallecidos desistieron de perseguirlo por daños y perjuicios.
Asevera que los parientes de los fallecidos no creyeron en la investigación del Ministerio Público.
“Ellos (las víctimas) tienen actualmente un proceso por ante el Tribunal Superior Administrativo en responsabilidad patrimonial contra el Estado dominicano, contra el Ministerio de Obras Públicas, que fue que licitó la construcción del parqueo que se está realizando en ese lugar, y el Ayuntamiento de San Cristóbal, que es el propietario del inmueble”, asegura Durán.
Víctimas acusan ayuntamiento y a Obras Públicas
Roberto Faxas, quien dice representar a las víctimas, corroboró la declaración de Durán, al añadir que demandan al Ayuntamiento de San Cristóbal y al Ministerio de Obras Públicas, instituciones que responsabilizan de la explosión.
Dijo que la demanda contra el Estado la interpusieron ante el Tribunal Superior Administrativo por 3,800 millones de pesos por la tragedia que, además de los muertos y desaparecidos, dejó varios heridos con secuelas peramentes.
Indicó que a las 38 personas muertas que se lograron identificar hay que sumarle los 12 desaparecidos, cuyos cuerpos el Congreso declaró jurídicamente fallecidas.