El magistrado Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), planteó este martes la necesidad de reformar la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario para incorporar procedimientos que actualmente están dispersos en reglamentos y reducir la cantidad de asuntos que llegan innecesariamente a los tribunales.
Durante su entrevista de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Bello Ferreras consideró que, tras más de dos décadas de vigencia, la normativa resulta insuficiente para responder a la complejidad que ha adquirido el sistema inmobiliario dominicano.
“La ley 108-05 no es suficiente, es una ley marco que necesita ser ampliada”, afirmó el magistrado, quien sostuvo que la Suprema Corte ha tenido que suplir esas limitaciones mediante reglamentos que, según dijo, han sido modificados unas seis o siete veces durante los últimos años.
Bello Ferreras puso como ejemplo los procesos de deslinde. Se definió como un firme partidario de sacar de los tribunales aquellos casos en los que no existe controversia entre las partes y tramitarlos por la vía administrativa.
- Explicó que los cambios reglamentarios han permitido diferenciar la regularización parcelaria del deslinde propiamente dicho: la primera puede agotarse administrativamente cuando no existe conflicto, mientras que la intervención judicial queda reservada para situaciones litigiosas.
Ese criterio coincide con la modificación realizada por el Pleno de la Suprema Corte al Reglamento de Regularización Parcelaria, que amplió el uso de ese procedimiento administrativo y reservó el deslinde como mecanismo contradictorio para los casos que requieren intervención de un juez.
Según Bello Ferreras, antes de adoptar esa modalidad algunos jueces temían que la medida provocara un incremento de las demandas de nulidad de deslinde. Sin embargo, aseguró que las estadísticas de los recursos que llegaban a casación indicaban que esos procesos representaban menos del 1 %.
El magistrado defendió la reforma por su impacto en propietarios de escasos recursos que ocupan terrenos adquiridos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Bienes Nacionales u otras entidades públicas y que requieren individualizar esas propiedades.
“Puede hacer su regularización parcelaria y puede tener su título definitivo y ser un sujeto de crédito”, señaló.
A juicio del juez, una futura modificación de la Ley 108-05 debería incorporar expresamente esas figuras, establecer procedimientos propios y reducir la dependencia del derecho común a la que actualmente obliga la legislación inmobiliaria.
“La ley tiene que ser modificada y hacerla más robusta para incluir todas esas figuras que tenemos dispersas en reglamentos”, sostuvo.
Gestión judicial y digitalización
La propia Suprema Corte ha reconocido durante los últimos años la necesidad de modernizar la jurisdicción. En marzo pasado, el Poder Judicial informó que su Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria tiene como meta conseguir que el 80 % de los tribunales de tierras estén al día durante 2026. Bello Ferreras ha encabezado parte de ese proceso.
Dice que encontró expedientes pendientes desde 1984
Durante su exposición ante el CNM, Bello Ferreras también utilizó las cifras de producción judicial para defender su desempeño desde que fue designado miembro de la Suprema Corte en abril de 2019.
Relató que, cuando asumió el manejo de los asuntos inmobiliarios, encontró unos 500 expedientes pendientes y que alrededor de 55 correspondían a casos iniciados entre 1984 y 2013.
Aseguró que para finales de 2020 esa mora histórica había sido eliminada y que los asuntos inmobiliarios que trabajaba habían pasado a manejarse con períodos de entre seis meses y un año.
También declaró que durante sus siete años en la Suprema recibió alrededor de 3,000 expedientes entre la Tercera Sala, las Salas Reunidas y el Pleno, y que para abril pasado había fallado una cantidad similar.
Bello Ferreras sostuvo además que la transformación digital ha contribuido a acelerar los procesos y cuestionó la resistencia de algunos jueces a abandonar los expedientes físicos.
“Yo, que soy el juez de la Suprema y un viejo ya, no tengo un solo documento arriba de mi escritorio y todo lo despacho inmediatamente”, dijo durante el intercambio.
La evaluación de Bello Ferreras forma parte de las entrevistas públicas realizadas este martes por el CNM a siete jueces de la Suprema Corte cuyos períodos constitucionales concluyeron y que aspiran a permanecer otros siete años en el tribunal.
Además de Bello Ferreras, fueron entrevistados Justiniano Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.
El magistrado pertenece a la Tercera Sala de la SCJ y forma parte del Poder Judicial desde el año 2000. Antes de llegar a la Alta Corte presidió la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.