El dominicano Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla de la red de narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón y como líder de una organización internacional de narcotráfico y lavado de dinero con base en República Dominicana, fue extraditado este miércoles desde Colombia a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en Puerto Rico y Nueva Jersey.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mosquea Polanco, de 45 años y conocido con los alias “Ramón” y “E”, compareció por primera vez este jueves ante un tribunal federal en Puerto Rico. Su presentación ante la justicia en Nueva Jersey se realizará posteriormente.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo identificó como un Objetivo Organizacional Prioritario Regional (ORPR), una designación que se utiliza para señalar a personas consideradas de alta prioridad dentro de organizaciones de narcotráfico.
“Durante la investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional contra este líder de una organización de narcotráfico con sede en la República Dominicana, extraditado desde Colombia, las fuerzas del orden incautaron millones de dólares en cocaína y ganancias del narcotráfico”, declaró el Fiscal General Todd Blanche.
“Numerosos otros miembros de la organización ya han sido condenados. Bajo esta administración, las fuerzas del orden federales cuentan con las herramientas necesarias para localizar a estos capos de la droga de alto perfil y desmantelar sus organizaciones en cualquier parte del mundo, gracias al liderazgo del Presidente Trump, quien unificó un grupo de trabajo interinstitucional permanente en los 52 estados y territorios de Estados Unidos”, agregó.
Los cargos en Puerto Rico
Mosquea Polanco fue detenido en Colombia en diciembre de 2024 a solicitud de Estados Unidos y extraditado a Puerto Rico el 26 de agosto de 2026, de acuerdo con un documento de prensa.
Según una acusación formal presentada en Puerto Rico en octubre de 2016, Mosquea Polanco y otros presuntos miembros de la organización comenzaron, a más tardar en enero de 2013, a importar e intentar importar cocaína a Estados Unidos.
En ese proceso enfrenta tres cargos relacionados con conspiración y posesión de cocaína con intención de distribuirla.
Además, una acusación presentada en junio de 2022 le atribuye otros cuatro cargos de conspiración para distribuir cocaína con el propósito de importarla ilegalmente desde el extranjero, incluidos República Dominicana, Venezuela y Colombia.
El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirige la investigación relacionada con los cargos de 2016, mientras que la División del Caribe de la DEA es responsable del caso de 2022.
Acusaciones en Nueva Jersey
En Nueva Jersey, Mosquea Polanco enfrenta tres cargos federales, entre ellos conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, posesión con intención de distribuir esa cantidad y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Mosquea Polanco habría dirigido una organización con base en República Dominicana que distribuyó más de 1,000 kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares entre enero de 2020 y septiembre de 2023.
Las autoridades también lo señalan de coordinar el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico hacia República Dominicana y otros países.
Durante la investigación, las autoridades incautaron decenas de kilogramos de cocaína y más de seis millones de dólares en ganancias que, según los fiscales, pertenecían a la organización.
Varios integrantes de la supuesta red ya han sido condenados. Entre ellos figura Samuel Alectus, alias “Capet”, de 37 años, quien fue declarado culpable en un juicio el pasado 16 de julio.
La DEA, incluidas sus oficinas de Newark, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, encabezó la investigación con apoyo del FBI.
Posible condena
De ser declarado culpable de los cargos relacionados con narcotráfico, Mosquea Polanco podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cada cargo, además de una multa de hasta 10 millones de dólares.
El cargo de conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes involucrados en la transacción, lo que resulte mayor.
La sentencia, en caso de una condena, será determinada por un juez federal tomando en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.
Extradición desde Colombia
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el agregado judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales colaboraron en la detención y posterior extradición de Mosquea Polanco.
También participaron autoridades colombianas y la Policía Nacional de Colombia.
El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, destacó la cooperación entre las agencias estadounidenses y las autoridades internacionales.
“Esta extradición representa otro paso importante en nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Este procesamiento demuestra el compromiso del Departamento de Justicia, de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y de la cooperación de las autoridades internacionales para trabajar juntos y llevar a los narcotraficantes ante la justicia”, declaró Ramírez Carbó.
“Continuaremos redoblando nuestros esfuerzos interinstitucionales para desarticular y desmantelar los cárteles internacionales de la droga que trafican estupefacientes hacia Puerto Rico y el territorio continental de Estados Unidos”.
El administrador de la DEA, Terry Cole, también se refirió al caso.
“Mosquea Polanco dirigía una red de narcotráfico de cocaína que se extendía por Colombia, Venezuela, la República Dominicana y Puerto Rico. Ahora responderá por sus presuntos crímenes en Estados Unidos”, declaró el administrador de la DEA, Terry Cole.
“Esta extradición subraya el alcance de nuestras alianzas y nuestra determinación de llevar a los narcotráficantes ante los tribunales estadounidenses, sin importar dónde operen”.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza interinstitucional creada por el Gobierno de Estados Unidos para investigar y procesar a cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes dedicadas al tráfico y contrabando de personas, tanto dentro como fuera de ese país.