El crecimiento de las grandes tiendas chinas ya no es solo una cuestión de calles, superficies comerciales o cambios en los hábitos de consumo. También dejó una huella en los registros tributarios, en las fiscalizaciones aduanales, en los operativos migratorios y en las reclamaciones de los comerciantes dominicanos.
Los datos disponibles muestran que el fenómeno alcanzó una gran dimensión, aunque las instituciones todavía no cuentan con una estadística integrada que permita seguir a estos negocios desde la importación de mercancías hasta la venta al consumidor.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) registra 2,070 empresas de capital chino entre 2016 y 2026. De ellas, 1,300 permanecen activas y 770 inactivas. Solo en 2025 se inscribieron 265 y en lo que va de 2026 otras 132.
El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de registros, con 639 empresas activas y 542 suspendidas.
La cifra muestra que la presencia empresarial china no se limita a las grandes tiendas que pueden verse desde las principales avenidas del país. Existe una estructura empresarial mucho más amplia y diversa detrás de esos establecimientos.
Punto débil
Uno de los principales problemas identificados en los registros tributarios tiene que ver con la forma en que algunos negocios reportan sus operaciones.
Entre las sanciones acumuladas por la DGII destaca la no emisión de comprobantes fiscales, que representa alrededor del 26 % del monto total de las multas analizadas. La falta se repite año tras año y tuvo su mayor monto en el 2022. A esto se suma la ausencia de impresoras fiscales, otra infracción vinculada de forma directa con el proceso de facturación.
En conjunto, ambas categorías representan alrededor de un tercio del dinero cobrado en multas por las infracciones examinadas.
También aparecen sanciones relacionadas con deficiencias en el registro del movimiento real de las operaciones y en el valor de los inventarios. Una categoría, denominada “otros incumplimientos”, concentra el monto más elevado de las multas, aunque la DGII no revela al público cuáles infracciones específicas incluye allí. La institución señala que protegen esa información por las normas de confidencialidad tributaria.
El problema, por tanto, no puede resumirse en una acusación general contra los comerciantes de origen chino. Los datos oficiales muestran incumplimientos concretos, pero también revelan que la información disponible no permite saber qué proporción de los establecimientos los comete ni cómo se distribuyen entre tipos de negocio y territorios.
Auditorías millonarias
La DGII también realizó fiscalizaciones que terminaron con determinaciones de impuestos de montos mucho mayores.
Entre 2018 y 2026 inspeccionaron 159 contribuyentes, en 261 casos de fiscalización interna. Las revisiones incluyeron de manera sistemática los impuestos sobre la renta y sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis).
El monto determinado supera los 73,500 millones de pesos.
Los años 2024 y 2023 concentraron las mayores recaudaciones con unos 23,000 millones y 18,000 millones, cada uno. También destaca 2021, cuando solo tres contribuyentes y cuatro fiscalizaciones produjeron unos 14,000 millones de pesos.
En las fiscalizaciones externas, la DGII auditó a otros 35 contribuyentes mediante 57 revisiones, con determinaciones de alrededor de 10,000 millones.
Otro punto de presión
En materia aduanal, las denuncias se concentran en la subvaluación de mercancías.
Al cierre de esta serie de reportajes, la Dirección General de Aduanas no había respondido la solicitud de información de Diario Libre, para la cual pidió una prórroga. Sin embargo, los operativos y actuaciones divulgados por la propia institución y recogidos por la prensa muestran que las autoridades intensificaron las revisiones a establecimientos de origen chino.
Los comerciantes dominicanos sostienen que una eventual subvaluación permitiría reducir el costo de entrada de las mercancías y ofrecer precios que ellos no pueden igualar.
Fernando Puig, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, considera que existe competencia desigual cuando negocios que cumplen sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas tienen que competir con establecimientos que, presuntamente, operan bajo condiciones diferentes. También plantea reforzar los controles aduanales y verificar posibles casos de subvaluación.
Otros empresarios denunciaron que algunos establecimientos utilizan distintas sociedades y registros fiscales para dificultar el seguimiento de sus operaciones. Estas afirmaciones, sin embargo, requieren ser sustentadas con datos oficiales antes de presentarlas como una práctica generalizada.
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Comercio dividido
La discusión se vuelve más intensa cuando entra en escena el precio.
Los ferreteros denunciaron hace varios años el impacto de los nuevos establecimientos sobre sus ventas. Luego se sumaron industriales y otros sectores que aseguran que los comercios chinos ofrecen precios inferiores porque soportan menores costos fiscales, laborales o de importación.
También surgieron denuncias sobre la comercialización de productos falsificados, una práctica que, además de afectar a los comerciantes que venden mercancías legítimas, puede representar riesgos para los consumidores.
Para Franklin Núñez, economista, uno de los sectores que más sufre es la pequeña industria. Señala como ejemplo el estancamiento de organizaciones que agrupaban a mipymes de calzado y textiles y destaca las dificultades de estas empresas para acceder a financiamiento formal.
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Estas empresas, explica, enfrentan dificultades para financiarse mediante la banca formal debido a los requisitos exigidos y, en algunos casos, recurren a préstamos de usura con costos financieros elevados.
Pero la otra explicación también existe.
Eduardo Klinger, director del Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia, considera que el empresario dominicano no puede esperar protección estatal para mantener márgenes de ganancia frente a productos más baratos. A su juicio, los negocios chinos desplazarán inevitablemente a algunas empresas locales y estas deberán buscar nuevos mercados y perfiles para competir.
Trabajadores irregulares
El componente laboral agrega otra dimensión.
Uno de los casos más visibles ocurrió en la tienda Mudan, en la avenida Duarte, durante un operativo de Migración para identificar trabajadores extranjeros en situación irregular. La intervención terminó en una trifulca y después la Dirección General de Migración inició un proceso contra el propietario, Po Xie, al que reclama una indemnización de 50 millones por presunta obstrucción y agresión a miembros de su personal.
En otros operativos también se detectaron empleados extranjeros en situación irregular y empresas sancionadas por incumplir las normas sobre contratación de mano de obra extranjera.
Los cuestionamientos, sin embargo, tampoco son nuevos. Desde hace años las autoridades migratorias advertían sobre la necesidad de regularizar negocios que emplean trabajadores extranjeros al margen de las disposiciones legales.
El cliente es el rey
En medio de las denuncias y de las fiscalizaciones están los consumidores.
Para buena parte de ellos, la discusión tiene una respuesta mucho más sencilla: compran donde el dinero alcance más.
La variedad de lámparas, artículos decorativos y ferreteros, ropas y otros enseres; los precios y la posibilidad de encontrar en un mismo lugar productos que antes requerían recorrer varios establecimientos convirtieron estas tiendas en destinos comerciales. Ese atractivo también explica que comerciantes dominicanos se abastezcan en ellas para después revender la mercancía.
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Lo que falta saber
El problema central que deja esta investigación no es determinar si todos los comerciantes chinos cumplen o incumplen. La información obtenida no permite sostener ninguna de las dos afirmaciones.
Tampoco existe —al menos en los datos disponibles para este reportaje— un cuadro público que permita seguir una operación desde el momento en que una mercancía sale de China hasta que termina en la caja de una tienda.
Haivanjoe NG, economista, sostiene que existen evidencias suficientes para afirmar que hay incumplimientos, pero no para atribuir a esas faltas toda la diferencia de precios. Para saberlo, propone comparar productos idénticos y calcular cuánto pesa cada componente del costo: precio de fábrica, transporte, seguro, aranceles, ITBIS, salarios, financiamiento, alquiler, logística y margen comercial.
Su propuesta es una ventanilla única para inversionistas extranjeros que integre los trámites de las distintas instituciones y ofrezca información también en mandarín.
Nacionalidad
Los empresarios chinos consultados sostienen que también quieren igualdad ante la ley. Según Mars Wang, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Fujian en el país, ellos también esperan que el Estado aplique las mismas reglas y trato a todos los inversionistas y comerciantes. Sin importar su nacionalidad.
Confiesa que durante los últimos dos o tres años, muchos de sus compatriotas sienten una presión dirigida hacia su comunidad y, en ocasiones, incluso una sensación de trato desigual. Además, refiere que incluso hay momentos en los que esa presión les hace preguntarse si “detrás de algunas situaciones pueden existir factores que van más allá de lo estrictamente comercial o regulatorio”.
Ese punto resulta fundamental porque el debate puede tomar dos caminos.
Uno es convertir el crecimiento de estos negocios en una disputa entre dominicanos y chinos. Otro es tratarlo como una transformación profunda del mercado que obliga al Estado a conocer mejor quién importa, cómo opera, cuánto vende, a quién emplea y cuánto tributa.
La expansión tampoco parece limitarse a las categorías de productos que se asociaban a estas tiendas. Comerciantes locales señalan una rivalidad creciente en tubos PVC, iluminación, artículos electrónicos, materiales de construcción, repuestos y otros sectores.
Y mientras los empresarios y gremios discuten, el consumidor continúa tomando su propia decisión.
La tarea pendiente para el Estado consiste en saber con precisión qué parte de ese cambio nace de una mayor eficiencia empresarial y cuál guarda relación con incumplimientos. Sin esa información, la discusión seguirá atrapada en un “tú me dices y yo te digo”.
Hay otro rasgo del modelo que se observa con claridad en algunas de las grandes tiendas. La integración entre el espacio comercial y la vivienda.
Una imagen aérea tomada por Diario Libre a la tienda Suplax de la avenida Ovando, en el Distrito Nacional, muestra estructuras de vivienda construidas en la parte superior del establecimiento. Según la información recopilada para esta investigación, allí residen y comparten ciudadanos chinos, en un espacio que incluye incluso áreas como un pequeño parque, huerto y piscina.
Vivir sobre o junto al negocio reduce desplazamientos y permite una relación mucho más estrecha entre vivienda, almacenamiento y actividad comercial. No es una práctica exclusiva de todos los empresarios chinos, pero sí aparece como una característica del modelo observado en determinados establecimientos.
