A julio del 2026, el 64.3 % de la cartera de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaba concentrado en títulos emitidos por instituciones del Estado. El Ministerio de Hacienda representaba el 56.2 % del total y el Banco Central el 8.1 %.
Esto significa que casi dos de cada tres pesos de los ahorros previsionales de los trabajadores están siendo utilizados como fuente de financiamiento del Estado. En términos nominales, estas inversiones ascendían a 855,966 millones de pesos, de una cartera total de 1,331,318 millones.
Fuera de los títulos emitidos por instituciones del Estado, los fondos de inversión representan el 19.0 % de la cartera, seguidos por los bancos comerciales y de servicios múltiples, con 7.1 %; los fideicomisos de oferta pública, con 5.6 %; y las empresas privadas, con 2.1 %.
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Una mayor proporción de los recursos de los trabajadores dominicanos pudieran estar empleados para financiar proyectos productivos. El espíritu de la Ley 87-01 es que el ahorro de los trabajadores se pueda convertir en inversiones y éstas, a su vez, en mayores empleos e ingresos promedios más altos.
Un principio fundamental de la inversión es la diversificación: distribuir los recursos entre distintos activos y emisores para reducir la exposición a riesgos específicos. Sin embargo, las AFP operan dentro de los límites establecidos por la legislación y en un mercado de capitales con margen para ampliar y diversificar la oferta de instrumentos disponibles.
Ampliar esas alternativas permitiría una mayor diversificación de los ahorros de los trabajadores y facilitaría que una mayor proporción de estos recursos pueda canalizarse hacia inversiones productivas.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).