Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que entra en vigor este miércoles, establece beneficios fiscales para los empleadores y las personas con discapacidad que trabajan contratados en entidades y talleres.
El documento publicado en la Gaceta Oficial en esta fecha aprueba a las empresas de industrias locales y a los talleres que contratan a discapacitados la deducción del 150 % de los gastos por concepto de pago de salarios y contribuciones a la seguridad social, aplicable al impuesto sobre utilidades.
- Otro de los beneficios expuestos es para los empleados con discapacidad en esas entidades, para quienes se incrementa en un 50 % el mínimo exento para el cálculo y pago del impuesto sobre ingresos personales.
Asimismo, la resolución fija en un 30 % el tipo impositivo para el aporte por rendimiento de la inversión estatal en las entidades beneficiadas.
La norma también exime el pago del impuesto sobre las ventas y los servicios a los actores económicos, por las ventas mayoristas de insumos y materias primas que realicen a las empresas de Industrias Locales y los talleres donde trabajan las personas discapacitadas.
Pero dispone que esos actores económicos tendrán la responsabilidad de diferenciar en su contabilidad las ventas mayoristas de insumos y materias primas a las empresas de Industrias Locales y los talleres.
Al respecto indica que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se encargará de establecer los mecanismos que correspondan «para garantizar el control de los beneficios otorgados».
Reformas económicas vigentes
Además, señala que las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno insular el pasado junio «reconocen la necesidad de incrementar los beneficios fiscales específicos a los talleres donde laboren personas en situación de discapacidad».
La implementación de esas reformas marcha al 91 % (160) y se han ratificado las 197 normas jurídicas que las respaldan, según el más reciente informe oficial.
El paquete de reformas busca liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis por motivos internos y externos, y entre sus propuestas incluye dinamizar la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera, así como dotar de mayor «autonomía» a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera.