El adolescente de 17 años detenido por su presunta participación en el asesinato del taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, ocurrido el viernes 16 de octubre en Santo Domingo Este, podría enfrentar una sanción máxima de ocho años de privación de libertad si se demuestra su responsabilidad penal, conforme a la legislación dominicana.
Los otros tres sospechosos, también identificados por la Policía Nacional como menores de edad, enfrentarían límites de sanción que dependerán de las edades que tenían cuando ocurrió el crimen.
La Ley 136-03, modificada por la Ley 106-13, establece un régimen penal especial para adolescentes que limita las sanciones privativas de libertad a cinco u ocho años, según la edad del infractor.
Este régimen continúa aplicándose a pesar de la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, instituido por la Ley 74-25 y modificado mediante la Ley 44-26.
La Policía Nacional informó el lunes que uno de los cuatro presuntos responsables del asesinato, de 17 años, fue apresado mediante una orden judicial, mientras otros tres permanecían prófugos.
Casalinovo, de 48 años y padre de familia, conducía un vehículo de la plataforma InDrive cuando, según la investigación preliminar, cuatro individuos solicitaron un servicio de transporte y posteriormente lo atacaron a tiros para despojarlo de sus pertenencias.
El hecho ocurrió debajo del paso peatonal de la autopista Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.
¿Qué penas podrían enfrentar los cuatro menores?
La legislación dominicana establece diferencias entre adolescentes de 13 a 15 años y aquellos que tienen entre 16 y 17 años.
El artículo 340 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, modificado por la Ley 106-13, dispone que la privación de libertad en un centro especializado tendrá una duración de uno a cinco años para los adolescentes de 13 a 15 años.
Para aquellos que tengan entre 16 años y menos de 18, la sanción puede alcanzar entre uno y ocho años.
La edad determinante es la que tenía el adolescente al momento de cometer la infracción, independientemente de que alcance la mayoría de edad durante el proceso judicial.
En el caso de personas menores de 13 años, la ley establece que no son penalmente responsables y prohíbe imponerles sanciones penales, aunque contempla su incorporación a programas de protección y atención.
De los cuatro señalados por la muerte de Casalinovo, las autoridades solamente han confirmado públicamente que el detenido tiene 17 años. No han precisado las edades de los otros tres sospechosos.
Por esa razón, todavía no puede establecerse qué límite de sanción correspondería individualmente a cada uno.
La privación definitiva de libertad tampoco es automática. El artículo 339 de la misma legislación contempla esta sanción para determinadas infracciones graves, entre ellas el homicidio y el robo agravado, una vez establecida la responsabilidad penal mediante sentencia.
Corresponderá a la jurisdicción especializada determinar la participación de cada adolescente y la sanción procedente, respetando las garantías del proceso.
¿Qué cambia con el nuevo Código Penal?
El Código Penal aprobado mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26 establece sanciones considerablemente superiores para los adultos que cometan homicidios.
Su artículo 91 contempla penas de diez a veinte años de prisión mayor por homicidio doloso.
El artículo 92 eleva la sanción de treinta a cuarenta años cuando se configuran determinadas circunstancias agravantes, entre ellas que el homicidio tenga por finalidad preparar o facilitar otra infracción, o que se cometa con premeditación o acechanza.
Un asesinato cometido para facilitar un robo podría dar lugar a una imputación por homicidio agravado si se demuestran los elementos exigidos por la ley.
Sin embargo, estas escalas de prisión no se trasladan automáticamente a quienes cometieron la infracción siendo menores de edad.
Aunque las disposiciones del Código Penal sirven para establecer la naturaleza de las infracciones, la duración de las sanciones aplicables a los adolescentes está regulada por su legislación especial.
La situación plantea una diferencia considerable entre las penas que podrían enfrentar adultos y adolescentes por hechos de similar gravedad, sin que ello elimine la responsabilidad penal de los menores de 18 años.
¿Qué protección reciben los conductores de plataformas?
El asesinato de Casalinovo también plantea interrogantes sobre las obligaciones de las empresas que conectan a pasajeros y conductores mediante aplicaciones digitales.
En República Dominicana, este servicio está regulado por la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y por el Decreto 515-21, que establece el Reglamento del Servicio de Transporte en Taxis.
El artículo 12 del reglamento exige a las empresas de redes de transporte acreditar una póliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad del conductor frente a terceros, incluidos los pasajeros.
También exige una póliza de accidentes personales que contemple cobertura por muerte, incapacidad permanente total o parcial y gastos médicos para los ocupantes de los vehículos.
El reglamento dispone que estas coberturas se activen desde que el conductor acepta una solicitud de servicio hasta que el viaje concluye o es cancelado.
Sin embargo, la existencia de esta obligación regulatoria no significa que cualquier muerte ocurrida durante un servicio de transporte esté automáticamente cubierta.
Para establecer si la familia de Casalinovo tiene derecho a una indemnización por parte de alguna aseguradora, sería necesario conocer la póliza efectivamente contratada, sus beneficiarios, exclusiones y condiciones de aplicación frente a homicidios o agresiones criminales.
Hasta el momento, no se ha documentado públicamente qué cobertura de seguro tenía el conductor ni si InDrive ha reconocido alguna obligación de compensación económica hacia sus familiares.
Cámaras, GPS y botones de pánico
El artículo 34 del Decreto 515-21 también contempla equipos destinados a proteger a los conductores y pasajeros.
Entre ellos figuran cámaras de vigilancia, sistemas de posicionamiento global (GPS) y botones de pánico, cuyas características y aplicación según la modalidad de transporte deben desarrollarse en la normativa técnica correspondiente.
Estos mecanismos tienen como finalidad facilitar el seguimiento de los vehículos y la respuesta ante situaciones de emergencia.
No obstante, permanece sin esclarecer cuáles de estos dispositivos estaban disponibles en el vehículo de Casalinovo, si el trayecto estaba siendo monitoreado y si hubo alguna alerta durante el ataque.
También se desconoce qué mecanismos de verificación de identidad se utilizaron para la cuenta desde la cual se solicitó el servicio que habría terminado en el asalto.
La investigación policial podría ayudar a determinar quién solicitó el vehículo, desde qué cuenta se realizó la petición y qué registros digitales conserva la plataforma sobre el trayecto.
Las verificaciones de pasajeros
La empresa InDrive ha anunciado en distintos países herramientas de seguridad que incluyen verificación de identidad, sistemas de alertas, monitoreo de recorridos y funciones para contactar a servicios de emergencia.
En Perú, por ejemplo, anunció un sistema de reconocimiento biométrico para pasajeros. En Panamá comunicó la incorporación de coberturas adicionales para conductores y mecanismos para detectar desviaciones de ruta o detenciones prolongadas.
Sin embargo, estos anuncios corresponden a operaciones en otros países y no permiten asegurar que las mismas herramientas estén disponibles, con iguales condiciones, en República Dominicana.
El caso de Casalinovo plantea la necesidad de determinar qué controles concretos ofrece InDrive a los conductores dominicanos, cuáles son obligatorios y cómo se verifica su funcionamiento.
También corresponde establecer si el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento, registro y equipamiento de seguridad previstas en la normativa.
Una investigación con dos dimensiones
El Ministerio Público deberá establecer la responsabilidad individual de los cuatro adolescentes señalados por el asesinato del taxista, cuya familia ha reclamado justicia.