El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) decomisaron 76,859 cigarros premium (puros) y 2,549 botellas de mamajuana, en establecimientos de la provincia La Altagracia.
El titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, calificó el decomiso como histórico y un duro golpe a una red dedicada a la falsificación de un producto sensible e importante para la economía y la identidad dominicana como el tabaco.
Impacto y consecuencias
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La mercancía incautada por falsificación, contrabando y falta de los registros sanitarios correspondientes alcanzan un valor de más de 40.1 millones de pesos. Asimismo, fueron ocupados 8,518 anillos para cigarros premium, utilizados en un esquema de falsificación de marcas, según detalló el ministerio en una nota de prensa.
El ministerio y el Ceccom reafirmaron que mantendrán una lucha frontal contra estas estructuras ilícitas, puesto que no solo provocan una evasión fiscal de millones de pesos, sino que perjudican un producto «marca país» como los cigarros premium y ponen en riesgo la salud de los dominicanos y los extranjeros que consumen estos productos.
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Igualmente, al comerciar bebidas alcohólicas sin los debidos controles sanitarios, se pone en riesgo la salud de quienes la consumen.
Apoyo institucional
Resaltaron además que por acciones como estas el país se mantiene, desde el 2022, sin ninguna fatalidad asociada al consumo de bebidas alteradas o clandestinas.
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Los operativos fueron realizados en el municipio de Higüey y el distrito municipal la Otra Banda, de la provincia La Altagracia, con el apoyo de miembros del Ejército, así como el acompañamiento legal de fiscales adscritos a la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito, que dirige la magistrada Isis de la Cruz Duarte, y los fiscales actuantes Bony Suriel García, Lauridelissa Jiménez, Silveria Poueriet Rodríguez, Dennis Guerrero, Yeuri Rodríguez y Neliveth Guerrero.
Dichos operativos fueron ejecutados bajo las correspondientes órdenes judiciales emitidas por la magistrada Francis Reyes Diloné.