La Minustah combatió durante 13 años a grupos armados en Haití, pero no logró impedir el resurgimiento de las pandillas. Mientras el líder de 400 Mawozo solicita una mediación internacional, las experiencias de la ONU en otros conflictos revelan los límites del diálogo y las operaciones militares.
La posibilidad de que Naciones Unidas se siente a negociar con una de las bandas criminales más temidas de Haití ha reabierto un debate que trasciende las fronteras de ese país: ¿puede un organismo internacional dialogar con organizaciones responsables de secuestros, asesinatos y otros graves delitos sin otorgarles legitimidad política ni comprometer la justicia?
Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou y líder de la banda 400 Mawozo, ha solicitado la intervención de la ONU para abrir conversaciones con las fuerzas internacionales desplegadas en territorio haitiano. Sin embargo, aunque el dirigente criminal manifiesta su disposición a recibir una delegación, no existe confirmación de que Naciones Unidas haya aceptado su propuesta ni de que tenga previsto enviar negociadores a Haití.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó el lunes 2 de noviembre que el organismo recibió una carta con la firma de Joseph, pero aclaró que ese hecho no representa un reconocimiento de su autor, una aprobación del contenido ni una decisión sobre la solicitud.
La precisión resulta fundamental frente a las declaraciones del jefe pandillero, que intenta presentar el diálogo como una alternativa a la intensificación de las operaciones contra las organizaciones armadas en la periferia de Puerto Príncipe.
Una propuesta bajo presión
La solicitud se produce en medio de un recrudecimiento de las operaciones de seguridad y de las tensiones entre las organizaciones criminales y las fuerzas nacionales e internacionales desplegadas en Haití.
En su comunicación, Joseph sostiene que había levantado una bandera blanca desde el 20 de agosto y afirma que está dispuesto a participar en conversaciones destinadas a alcanzar una solución pacífica.
El jefe pandillero también advierte sobre las posibles consecuencias de las operaciones contra las organizaciones armadas y presenta la protección de los civiles como uno de los argumentos para justificar su petición.
No obstante, 400 Mawozo acumula un historial de violencia que incluye secuestros y extorsiones. Su líder está acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con la toma de rehenes, entre ellos el secuestro de 17 misioneros extranjeros en octubre de 2021. Washington ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permita capturarlo.
Joseph también figura en el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que añade una dificultad jurídica y política a cualquier acercamiento.
La ONU sí tiene precedentes
Aunque las negociaciones con organizaciones criminales generan controversias, Naciones Unidas tiene una larga experiencia de contactos con grupos armados no estatales, incluidos movimientos insurgentes, milicias y organizaciones que controlan territorios mediante la violencia.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre negociar con una guerrilla que persigue objetivos políticos y hacerlo con una estructura criminal dedicada principalmente a secuestros, extorsiones y tráfico ilícito.
Un análisis publicado por la Brookings Institution en 2021, titulado UN engagement with nonstate armed groups for the sake of peace: Driving without a roadmap, explica que los enviados de Naciones Unidas mantienen contactos con actores armados para prevenir conflictos, facilitar ayuda humanitaria y promover acuerdos de paz.
El estudio señala que estos acercamientos no necesariamente implican reconocimiento político. También advierte que algunos grupos buscan utilizar el contacto con organismos internacionales para fortalecer su legitimidad.
El fracaso de la Minustah
Haití tiene su propio antecedente de intervención internacional contra organizaciones armadas. Entre 2004 y 2017, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) desarrolló operaciones destinadas a restablecer la seguridad, apoyar a las instituciones y reducir la violencia de las bandas.
Durante 2006 y 2007, sus fuerzas realizaron operativos contra grupos armados en Cité Soleil, uno de los sectores más conflictivos de Puerto Príncipe. Estas acciones permitieron recuperar espacios controlados por pandillas y reducir temporalmente su capacidad de actuación.
Sin embargo, los resultados no se consolidaron. Tras la retirada de la misión, las organizaciones criminales volvieron a expandirse, aprovecharon la debilidad institucional y fortalecieron su presencia en amplias zonas de la capital.
La experiencia dejó al descubierto las limitaciones de una estrategia centrada en recuperar territorios sin conseguir que las instituciones haitianas desarrollaran capacidades suficientes para mantener la seguridad de manera sostenida.
El balance de la Minustah también está marcado por graves controversias, entre ellas la epidemia de cólera vinculada a personal de mantenimiento de la paz y las denuncias de abusos sexuales contra integrantes de la misión.
Aunque la operación internacional consiguió avances en determinados períodos, no logró establecer condiciones duraderas que impidieran el posterior resurgimiento de las bandas.
La comparación adquiere especial relevancia ante la actual Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad, cuyo desafío no se limita a combatir a los grupos criminales, sino también a contribuir a que el Estado haitiano recupere el control efectivo de su territorio.
El caso de El Salvador
Uno de los antecedentes más importantes de negociación facilitada por Naciones Unidas ocurrió en El Salvador, donde el organismo desempeñó un papel decisivo en las conversaciones que pusieron fin a doce años de guerra civil.
En 1989, el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) solicitaron la intervención del secretario general de la ONU para facilitar conversaciones.
El proceso culminó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, que permitieron la desmovilización de los combatientes y la transformación del FMLN en un partido político.
La ONU también desplegó la misión ONUSAL para verificar los compromisos alcanzados y supervisar aspectos de la transición.
La comparación con Haití tiene límites importantes: el FMLN era una organización insurgente con objetivos políticos definidos, mientras que 400 Mawozo es identificada como una estructura criminal. No obstante, el antecedente demuestra que Naciones Unidas puede actuar como facilitadora ante organizaciones que han recurrido a las armas.
Colombia y las FARC
Otro precedente se encuentra en Colombia, donde Naciones Unidas participó en la verificación del proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las negociaciones principales comenzaron en La Habana en 2012 y fueron conducidas por las partes con el acompañamiento de países garantes. La ONU no fue la mediadora principal, pero asumió posteriormente responsabilidades fundamentales para verificar el cese del fuego y la dejación de armas.
El acuerdo definitivo, firmado en noviembre de 2016, dio paso a una misión internacional encargada de supervisar el desarme y, posteriormente, otros compromisos de implementación.
La experiencia colombiana ilustra cómo una organización armada puede incorporarse a un proceso de desmovilización bajo supervisión internacional, aunque también evidencia que negociar no significa renunciar a los mecanismos de justicia y rendición de cuentas.
Negociaciones en otros conflictos
Naciones Unidas también ha mantenido contactos con grupos armados en Yemen, Libia y otros escenarios de conflicto.
En Yemen, sus enviados han desarrollado gestiones con los rebeldes hutíes para promover ceses del fuego, intercambios de prisioneros y soluciones políticas.
En Libia, representantes del organismo facilitaron conversaciones entre sectores militares enfrentados, contribuyendo al acuerdo de alto el fuego firmado en octubre de 2020.
Estos procesos demuestran que el diálogo con actores armados puede utilizarse para reducir la violencia incluso cuando no existe un acuerdo político definitivo.
Brookings destaca que no hay un modelo único para estos acercamientos y que las decisiones dependen de las características de cada conflicto, la posición del Gobierno correspondiente y las posibilidades reales de alcanzar compromisos verificables.
¿Y con bandas criminales?
La distinción entre organizaciones insurgentes y pandillas dedicadas principalmente a actividades delictivas constituye uno de los principales obstáculos para una eventual negociación en Haití.
Un estudio publicado en enero de 2026 por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, sobre las operaciones de paz en Haití, examina específicamente la posibilidad de establecer contactos con organizaciones criminales armadas.
El documento sostiene que estos acercamientos no deberían considerarse una primera opción, pero tampoco descartarse automáticamente. La decisión debe evaluarse según las circunstancias, los riesgos y las posibilidades de reducir la violencia.
Como antecedente regional, menciona una iniciativa de diálogo impulsada por el Gobierno de Jamaica durante la década de 2000 para disminuir los enfrentamientos entre bandas rivales en la zona de Mountain View, cerca de Kingston. La experiencia permitió varios años de relativa tranquilidad, aunque posteriormente reapareció la violencia.
El caso jamaicano no fue una negociación dirigida por la ONU, pero ofrece una referencia sobre los resultados y limitaciones de los acuerdos locales con estructuras criminales.
El estudio también plantea que las misiones internacionales pueden apoyar procesos comunitarios destinados a reducir la violencia, facilitar la salida de integrantes de las bandas y recuperar espacios controlados por organizaciones armadas.
¿Qué podría negociar la ONU?
Las normas y experiencias de Naciones Unidas permiten distinguir entre contactos humanitarios, conversaciones para reducir la violencia y negociaciones políticas.
La organización reconoce que los contactos con grupos armados pueden resultar necesarios para garantizar el acceso a comunidades vulnerables, proteger a los civiles y facilitar operaciones de socorro.
Ese tipo de acercamiento no equivale a reconocer políticamente a los interlocutores ni a concederles inmunidad frente a los delitos cometidos.
- En Haití, una eventual conversación podría centrarse en objetivos concretos, como la liberación de personas secuestradas, la protección de comunidades, la entrega de armas o la apertura de corredores humanitarios. Se trata, sin embargo, de posibilidades generales y no de una agenda anunciada por Naciones Unidas.
Además, la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025, tiene como misión apoyar a las autoridades haitianas en las operaciones contra las organizaciones criminales, proteger infraestructura estratégica y facilitar el acceso humanitario.
Su mandato contempla también medidas relacionadas con la reintegración de antiguos integrantes de grupos armados, pero no supone una autorización automática para negociar acuerdos políticos con los jefes pandilleros.
Una decisión delicada
La petición de Wilson Joseph coloca sobre la mesa una cuestión especialmente sensible: si las organizaciones responsables de la violencia en Haití pueden convertirse en interlocutores de un proceso de pacificación o si una negociación terminaría fortaleciendo su influencia.
El contexto añade dificultades. Las bandas mantienen una amplia capacidad de intimidación, desplazamiento forzado y control territorial, mientras las autoridades haitianas intentan recuperar espacios estratégicos con apoyo internacional.
Los antecedentes internacionales permiten responder afirmativamente a la pregunta central: Naciones Unidas sí ha dialogado y facilitado negociaciones con organizaciones armadas, incluso con actores acusados de graves violaciones de los derechos humanos.
Pero esos precedentes no significan que esté dispuesta a negociar con 400 Mawozo.
Por ahora, la única decisión confirmada es la recepción de la carta del jefe pandillero. La distancia entre recibir una solicitud y aceptar una mediación sigue siendo considerable, especialmente cuando quien pide sentarse a negociar está sometido a sanciones internacionales y enfrenta acusaciones penales.
La experiencia de la Minustah añade una advertencia histórica: las operaciones internacionales pueden reducir temporalmente la violencia, pero sus resultados dependen también de la capacidad del Estado haitiano para sostener la seguridad una vez que las fuerzas extranjeras se retiran.