Una dominicana de 45 años fue condenada a 27 meses de prisión en Estados Unidos por participar en un esquema de fraude que intentó obtener más de un millón de dólares de los programas de seguro por desempleo durante la pandemia de COVID-19.
Se trata de Karin L. Contreras, ciudadana de República Dominicana y residente permanente legal en Estados Unidos, quien recibió la sentencia este lunes en un tribunal federal del Distrito de Columbia.
Además de la pena de prisión, la jueza federal Beryl A. Howell ordenó que Contreras cumpla dos años de libertad supervisada y pague 551,674.78 dólares en restitución.
La Fiscalía federal había solicitado una condena de 41 meses de cárcel.
Contreras se declaró culpable el 10 de julio de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico, un delito relacionado con un esquema que operó entre junio de 2020 y marzo de 2021.
- De acuerdo con los documentos judiciales, la dominicana conspiró con otras personas para obtener fraudulentamente beneficios de desempleo mediante el uso de información personal y de identidad robada.
Las solicitudes fraudulentas permitieron que los involucrados recibieran tarjetas prepagadas para retiros en cajeros automáticos, cargadas con más de un millón de dólares en beneficios.
La mayoría de las tarjetas fueron enviadas por correo a una dirección en Washington D. C., ubicada justo al lado de la residencia de Contreras.
La mujer y sus cómplices retiraban el dinero de las tarjetas, frecuentemente en transacciones de 1,000 dólares, el máximo permitido por día en los cajeros automáticos.
Entre el primero y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas mediante el fraude para retirar 23,000 dólares en cajeros automáticos de Washington D. C.
En total, los participantes consiguieron apropiarse de más de 550,000 dólares mediante el esquema.
Medidas anunciadas
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro afirmó que Contreras se aprovechó de programas creados para ayudar a las personas a enfrentar las dificultades económicas provocadas por la pandemia.
«Cuando los delincuentes se aprovechan de una emergencia nacional, desvían recursos de familias que realmente los necesitan, socavan la confianza pública y dificultan la recuperación de las comunidades», expresó Pirro.
La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
El caso fue procesado por la Fiscalía federal y la División de Fraude del Departamento de Justicia.