Un tribunal colegiado ordenó cinco años de internamiento psiquiátrico para el hombre que, el 4 de febrero de 2024, estrelló su camioneta Chevrolet contra la puerta principal del Palacio Nacional.
Durante el ataque, en horas de la noche, el conductor hirió dos guardias y continuó su marcha hasta impactar una barrera vehicular y una segunda puerta metálica dentro de la casa presidencial.
En el proceso penal que se le siguió, John Raymond Durán Villar, quien deberá permanecer en el centro de salud mental, fue declarado inimputable y fue representado en el juicio por su esposa.
Durán Villar también deberá indemnizar con un millón setecientos mil al sargento Westel Jiménez Hernández, del Ejército, y al raso Erick Yeremi Castillo Tejada, también de esa institución castrense, quienes fueron golpeados por la primera puerta y cayeron inconscientes. Los dos heridos quedaron con lesiones permanentes.
El acusado, que no poseía armas, fue rodeado por otros militares que custodiaban el Palacio Nacional, a quienes le manifestó «que el presidente de la República le ha hecho mucho daño a él y a su familia», por lo que de inmediato procedieron a ponerlo bajo arresto.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron la solicitud del Ministerio Público y de los querellantes, de 20 años de prisión en centros penitenciarios habilitados con áreas psiquiátricas como Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, o en la cárcel de Higüey–Anamuya.
Al imponer el medio de seguridad, el tribunal estableció que las pruebas presentadas «evidencia la responsabilidad penal que recae sobre el ciudadano John Raymond Durán Villar, por haber cometido tentativa de homicidio en perjuicio de las víctimas Westel Jiménez Hernández y Erick Jeremy Castillo Tejada, así como los daños materiales causados a las instalaciones del Palacio Nacional, por tanto ha comprometiendo su responsabilidad penal y consecuentemente ha sido destruida la presunción de inocencia que le asistía».
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está compuesto por las magistradas Keila S. Pérez Santana, jueza presidenta; y los jueces miembros Arisleida Méndez Batista y Francis M. Hernández Susaña.
Los magistrados explican que la medida de seguridad impuesta cumple con «la protección y seguridad» de la sociedad y de la persona inimputable, al este recibir en «el centro psiquiátrico adscrito a Salud Pública y bajo la supervisión del Ministerio Público los tratamientos correspondientes, atendiendo el estado de peligrosidad derivado de la patología acreditada, por lo cual debe ser en razón de la naturaleza del trastorno diagnosticado».